Esta semana, la Contraloría del Biobío reveló una serie de irregularidades en la ejecución de recursos correspondientes a un convenio entre la Municipalidad de Coronel y Enel.
Tras investigar el acuerdo, que involucró recursos por más de $8.800 millones, el ente determinó que entre junio de 2020 y diciembre de 2024 el municipio «vulneró el principio de legalidad del gasto» al utilizar los recursos provenientes del convenio para fines distintos a los objetivos y situaciones expresamente previstos.
Asimismo, explicaron que lo anterior, en parte, se produjo porque en dicho período se detectaron 697 ocasiones en que los saldos resultaron insuficientes para cubrir las obligaciones comprometidas con terceros.
Lea también: Ordenan al municipio de Coronel devolver $890 millones.
CONTRALORÍA DETECTA IRREGULARIDADES EN MUNICIPIO DE CORONEL
«También respecto de esa última materia, se detectó que los saldos iniciales de caja del municipio de Coronel para los años 2024 y 2025 no fueron suficientes para cubrir los recursos disponibles provenientes del convenio con Enel, registrándose diferencias de más de $615 millones y $49 millones, respectivamente», añadieron.
A ello se suma una transferencia de $700 millones al Departamento de Educación Municipal. «Sin embargo, la rendición entregada asciende a $798.844.416, sin que se hayan presentado documentos que respalden fehacientemente dichos gastos y permitan descartar, por ejemplo, que no se hayan rendido a la Superintendencia de Educación, a cuenta de alguna subvención».
El ente contralor sostuvo que la institución edilicia deberá preparar un expediente completo que acredite los desembolsos, incluyendo sueldos, honorarios, contratos y comprobantes de pago, y presentarlo en un plazo de 30 días hábiles a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR o, de lo contrario, formularán el respectivo reparo.
Finalmente, la Contraloría señaló que remitirá el informe a la Fiscalía Local de Coronel y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que ambas instituciones evalúen posibles acciones penales y administrativas debido a la gravedad de los antecedentes.
