Los exministros del Interior, Carolina Tohá, y de de Justicia y Seguridad Ciudadana, Luis Cordero, cuestionaron el proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), despachado por el Congreso.
Advirtieron que el texto aprobado contiene disposiciones que podrían generar incertidumbre para las policías y problemas de constitucionalidad.
La alerta la plantearon a través de una carta publicada en El Mercurio.
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Ahí aclararon que, si bien comparten la necesidad de que las reglas que regulan el uso de la fuerza tengan rango legal, la iniciativa aprobada presenta deficiencias que podrían debilitar la certeza jurídica que se busca establecer.
«El Estado es el único que puede ejercer legítimamente la fuerza. Cuando una sentencia, una ley o un acto administrativo deben cumplirse contra la voluntad de alguien, muchas veces basta el embargo o el congelamiento de activos; otras, hay que recurrir a la fuerza física. En ese caso, el privilegio ya no es del Estado en abstracto, sino de las fuerzas de orden, a las que corresponde dar eficacia al derecho, resguardar la seguridad interior y el orden público», expusiwron.
PROPORCIONALIDAD
Añadieron que el hecho de que «esas reglas tengan rango legal y no sean una simple circular administrativa, es una necesidad que compartimos, porque da certeza a las policías, a las personas y al sistema de controles».
Sin embargo, especificaron, «lamentablemente, el texto aprobado tiene problemas graves que erosionan esa certeza».
Entre esos puntos Tohá y Cordero hicieron notar que las RUF eliminan el principio de proporcionalidad, que fue reemplazado por el de racionalidad.
A juicio de los exministros, «la proporcionalidad es una exigencia constitucional de toda medida que afecte derechos. Suprimirla vuelve la regla inconstitucional o al menos obliga a leerla a la luz de la Constitución».
Asimismo, plantearon, «a ello se suma una porfía, porque en diciembre de 2021 el propio Congreso incorporó la proporcionalidad como mandato general de toda la función policial en las leyes de Carabineros y la PDI».
Advirtieron, además, que la ausencia del principio de proporcionalidad se extendió a varios artículos del proyecto.
«Un ejemplo es la autorización para el uso de armas potencialmente letales, sin exigir la consideración del peligro o la afectación que se busca evitar. Así, por ejemplo, el proyecto estableció como válido el uso de estas armas para impedir que una persona se dé a la fuga o para asegurar una orden judicial», recalcaron.
«¿ES ADMISIBLE?»
Y cuestionaron: «¿Es admisible la fuerza letal cuando esa fuga no pone en riesgo la vida ni la integridad de nadie o cuando se trata del cumplimiento de orden judicial de baja relevancia?».
Tohá y Cordero recordaron que el texto aprobado esta semana «busca ampliar la Ley Nain-Retamal fuera de su ámbito original, que establece una presunción a favor de las fuerzas de orden y seguridad cuando se usa la fuerza en casos de amenaza a la vida o la integridad. La nueva propuesta aprobada por el Congreso extiende esa presunción a cualquier actuación realizada en cumplimiento del deber».
También observaron que «se eliminaron inexplicablemente todas las referencias a reglamentos que reconocían la diversidad de hipótesis de actuación. Al homologar toda intervención, la ley deja en manos de cada policía, en plena operación, la elección de los medios, y la certeza que se buscaba se diluye».
A su modo de ver, «una democracia necesita reglas de uso de la fuerza que den certeza a policías y los ciudadanos para que los jueces puedan controlar con precisión. Tratar algunas de sus normas como triunfos políticos va en sentido contrario y reproduce las mismas incertezas que la ley debía evitar».
