El exministro de Justicia Luis Cordero cuestionó la acusación constitucional que la oposición prepara contra el ministro Fernando Rabat y aseguró que todavía faltan antecedentes para determinar si existen fundamentos para impulsar el proceso. Sus declaraciones también apuntaron a la gestión política del secretario de Estado durante el Gobierno de Kast.
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En conversación con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, Cordero planteó que un ministro que pierde capacidad de diálogo con los parlamentarios, incluso con los de su propio sector, puede terminar convirtiéndose en un problema para su administración.
En esa línea, sostuvo que las autoridades deben distinguir entre perseverar en una decisión y actuar con tozudez, especialmente cuando su permanencia comienza a dificultar la gestión política del Ejecutivo.
Respecto de la acusación constitucional contra Rabat, el exsecretario de Estado afirmó que aún no se conoce toda la información necesaria para evaluar su procedencia. Explicó que, aunque la prensa ha dado a conocer los decretos involucrados, todavía deben revisarse otros antecedentes y posibles cambios de criterio, incluidos aquellos relacionados con delitos de lesa humanidad.
Cordero reconoció que existe una modificación de criterio que, a su juicio, no ha contado con una justificación pública suficiente. Sin embargo, insistió en que eso no permite concluir automáticamente que exista mérito para una acusación constitucional.
Cordero califica de despropósito denuncia por prevaricación
El exministro también cuestionó la denuncia penal presentada por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) contra Fernando Rabat y el exsubsecretario de Justicia Luis Silva, por el eventual delito de prevaricación administrativa.
Cordero calificó la acción como un “despropósito completo” y sostuvo que una eventual ilegalidad no necesariamente constituye prevaricación ni justifica una acusación constitucional.
Aunque manifestó diferencias con la forma en que Rabat ha ejercido sus funciones, advirtió que atribuirle una actuación dolosa requiere antecedentes mucho más sólidos. De lo contrario, dijo, cualquier irregularidad podría terminar interpretándose como un delito.
En declaraciones posteriores a Radio Duna, Cordero aclaró que no participa en la elaboración de la acusación constitucional contra el ministro y reiteró sus reparos a este mecanismo.
El exsecretario de Estado sostuvo que la experiencia de los últimos gobiernos demuestra que estas iniciativas suelen definirse por el respaldo parlamentario. Recordó que durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric se presentaron numerosas acusaciones constitucionales y señaló que, finalmente, la diferencia puede estar en conseguir un voto más.
También cuestiona ofensiva contra ministros de la Suprema
Cordero abordó además la acusación constitucional que el Partido Nacional Libertario busca impulsar contra ministros de la Corte Suprema, por su participación en decisiones relacionadas con la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales.
A juicio del exministro, esa iniciativa representa un riesgo para el funcionamiento institucional del sistema judicial, al advertir que podría afectar gravemente su estabilidad.
Así, Cordero volvió a plantear sus reparos frente al uso de las acusaciones constitucionales y llamó a distinguir las responsabilidades políticas de las eventuales infracciones legales.
