El ministro de Justicia, Fernando Rabat, figura como imputado en una investigación por presunta prevaricación administrativa, relacionada con la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
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Consultado en el Congreso Nacional sobre su situación judicial y la posibilidad de que esta afecte el ejercicio de sus funciones, el ministro aseguró que respetará el desarrollo del procedimiento y entregará la colaboración que corresponda.
«Existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá, ¿no es cierto?, la tramitación que corresponda en conformidad con los procesos penales y tendrá la colaboración, como yo espero que la preste cualquier chileno al respecto del cual se hace una denuncia», señaló Rabat.
Ante las preguntas sobre lo inusual que resulta que un titular de Justicia tenga calidad de imputado, el secretario de Estado evitó profundizar en el tema y sostuvo que lo importante será la resolución que adopten las instancias correspondientes.
«Lo relevante, ¿no es cierto?, es lo que se resuelva en definitiva en aquello», respondió.
La investigación se desarrolla en medio de los cuestionamientos por la entrega de beneficios penitenciarios a condenados por delitos sexuales contra menores. La controversia también alcanzó al ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, quien fue removido de su cargo el pasado viernes.
Rabat defiende facultades de la comisión
Durante su intervención, el ministro también abordó los antecedentes conocidos sobre seremis que habrían manifestado su rechazo a determinadas rebajas de condena, además de resoluciones de la Corte Suprema contrarias a la entrega de estos beneficios.
En ese contexto, se le consultó si estos antecedentes entraban en contradicción con la jurisprudencia que había mencionado durante una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Frente a los cuestionamientos, Rabat defendió el marco legal que regula este procedimiento y aseguró que la normativa establece de manera explícita qué organismo tiene la facultad de evaluar las solicitudes.
El ministro citó el artículo 10 de la Ley 19.856 para respaldar su postura y afirmó que la comisión es la única instancia competente para calificar este tipo de beneficios.
«Y eso es lo que he señalado desde el día uno, y eso es muy claro en la ley», agregó.
La situación del ministro Rabat se mantiene bajo presión política y judicial. A los cuestionamientos por las rebajas de condenas se suma el anuncio de la oposición de impulsar una acusación constitucional en su contra.
