La diputada Carolina Tello informó que la bancada del Frente Amplio ofició al Ministerio de Justicia para solicitar la totalidad de los decretos que aprobaron o rechazaron rebajas de condenas durante 2026, en medio de la controversia por beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El requerimiento incluye las actas de reuniones internas, los informes jurídicos que sustentaron las resoluciones y la identificación de las autoridades y funcionarios que participaron en el proceso. Con estos antecedentes, la bancada busca esclarecer cómo se adoptaron las decisiones y determinar las responsabilidades correspondientes.
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Según sostuvo la parlamentaria, el Ejecutivo aún no entrega toda la información requerida, pese a que las solicitudes comenzaron hace más de dos semanas.
“Llevamos más de dos semanas exigiendo respuestas al Gobierno de Kast y todavía no conocemos todos los antecedentes de este caso. Por eso, desde la bancada del Frente Amplio hemos solicitado formalmente que el Ministerio de Justicia entregue la totalidad de los decretos de rebaja y rechazo de condenas durante este año”, señaló.
LLAMADO A LA NUEVA SUBSECRETARIA
Tello pidió a la nueva subsecretaria de Justicia que priorice la transparencia al asumir sus funciones y facilite la entrega de los documentos pendientes al Congreso.
La diputada vinculó esa solicitud con la necesidad de esclarecer los fundamentos de las rebajas y conocer la intervención de quienes participaron en su tramitación.
EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Junto con solicitar los antecedentes, Tello reiteró su exigencia de renuncia del ministro Fernando Rabat. Además, sostuvo que la bancada recurrirá a las herramientas de fiscalización y responsabilidad política disponibles, incluida una eventual acusación constitucional.
“Exigimos la renuncia del ministro Rabat. Vamos a ejercer todas las herramientas de fiscalización y responsabilidad que nos entrega el Congreso, como dijimos, incluida la acusación constitucional”, afirmó.
Finalmente, la parlamentaria señaló que la respuesta institucional debe poner en el centro a las víctimas y sus familias.
“Las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia y respuestas. No silencio ni protección política para las autoridades”, concluyó.
