La bancada del Frente Amplio ingresó este viernes 30 de octubre un nuevo oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para exigir la entrega de todos los decretos que otorgaron o rechazaron rebajas de condena durante 2026, junto con las comunicaciones y antecedentes jurídicos que sustentaron esas decisiones.
La solicitud busca esclarecer cómo la cartera definió el criterio aplicado a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Para ello, los parlamentarios pidieron actas, minutas, correos e informes relacionados con las decisiones del ministro Fernando Rabat y la gestión de Luis Silva en la Subsecretaría de Justicia.
Lea también Partido Republicano apoya decisión de Kast de relevar a Silva
Según informó la bancada, el requerimiento incluye los 56 decretos que beneficiaron a condenados por abuso sexual y violación de menores. El comunicado también menciona rebajas a dos internos de Punta Peuco, condenados por secuestro calificado y tortura, y a otros tres condenados que se atribuían pertenencia al Tren de Aragua.
SOLICITAN IDENTIFICAR A QUIENES PARTICIPARON EN LAS DECISIONES
El oficio pide una copia íntegra de cada decreto, con su número, fecha y autoridad firmante. Además, solicita una nómina que detalle el delito, la condena impuesta, la sentencia, la reducción otorgada y la fecha de egreso de cada persona beneficiada.
La bancada también busca acceder a los antecedentes de las reuniones en que se discutió el criterio ministerial, incluida una convocada por Rabat a fines de mayo y otra de gabinete realizada esta semana. El requerimiento exige identificar a quienes participaron y suscribieron los documentos correspondientes.
A ello se suman los informes jurídicos que fundaron el cambio de criterio y la nómina de fallos judiciales que, según la cartera, habrían justificado las rebajas.
Los parlamentarios pidieron, además, el acto que dispuso suspender la tramitación de estos beneficios e información sobre eventuales sumarios, auditorías o procedimientos de invalidación.
SCHNEIDER: “HAY QUE DARLE LA CARA A LAS VÍCTIMAS”
La diputada Emilia Schneider sostuvo que el Gobierno debe explicar sus decisiones y entregar los antecedentes solicitados.
“Hay que darle la cara a las víctimas. Hay que transparentar lo que pasó con las rebajas de penas a estos criminales atroces por decisión del gobierno”, afirmó.
Schneider señaló que el nuevo oficio busca conocer “todos los decretos, todas las minutas, todas las comunicaciones, toda la información” sobre las rebajas y el cambio de criterio.
La parlamentaria también aludió a publicaciones de prensa que, según indicó, darían cuenta de advertencias previas al ministro, tanto de autoridades de la administración anterior como de equipos técnicos de su cartera.
“No es aceptable que sigan echándole la culpa a otros cuando esto es un problema que ellos han generado”, cuestionó.
TELLO EXIGE TRANSPARENTAR LOS ANTECEDENTES
La diputada Carolina Tello pidió que Justicia entregue en los próximos días los documentos y las comunicaciones entre Rabat, su gabinete y la Subsecretaría.
“Exigimos al Ministerio de Justicia que entregue toda la información relativa a la rebaja de las condenas de abusadores de niños, niñas y adolescentes y violadores de derechos humanos durante la dictadura”, manifestó.
“No pueden seguir escondiendo esta información a la ciudadanía. Deben transparentar todos los antecedentes ahora”, agregó.
Según sostuvo la bancada en su comunicado, al momento de presentar este nuevo requerimiento el ministerio no había respondido sus oficios anteriores ni entregado los decretos solicitados.
La acción se suma a la acusación constitucional anunciada por la oposición contra Rabat y a las exigencias de responsabilidades políticas por la entrega de estos beneficios.
