Tres ciudadanos venezolanos condenados por delitos vinculados a una banda que extorsionaba a trabajadoras sexuales migrantes en La Serena recibieron rebajas de condena mediante decretos del Ministerio de Justicia, según una investigación de Interferencia. El reportaje señala que los beneficiados quedaron en libertad sin que se concretara su expulsión de Chile.
Se trata de Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi, quienes habían sido condenados en agosto de 2022 a cinco años y un día de presidio. Aunque los atacantes se presentaban ante sus víctimas como integrantes del Tren de Aragua, esa pertenencia no fue acreditada judicialmente.
EXTORSIONES CONTRA MUJERES MIGRANTES
Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando cuatro hombres intimidaron con armas a mujeres venezolanas y una dominicana en un inmueble de calle Cantournet. De acuerdo con los antecedentes recogidos por Interferencia, exigieron inicialmente $50.000 por persona y anunciaron un cobro semanal de $100.000 a cada trabajadora sexual.
Tras una denuncia, la Policía de Investigaciones desplegó un operativo y detuvo a los involucrados cuando abandonaban el departamento. Los funcionarios encontraron dinero en poder de uno de ellos.
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Las víctimas también denunciaron amenazas previas y el traslado forzado de dos mujeres. Sin embargo, el secuestro no fue imputado y tampoco hubo condenas por asociación ilícita. Según el reportaje, el temor llevó a las afectadas a abandonar su participación en el proceso, lo que dificultó reunir pruebas.
DECRETOS ADELANTARON EL TÉRMINO DE LAS PENAS
La investigación identifica tres decretos que concedieron reducciones de condena: nueve meses para Aramburu y tres meses para Marott y Ollarves. Los documentos fueron firmados por el ministro Fernando Rabat y, en uno de los casos, por el subsecretario Luis Silva como ministro subrogante.
Los decretos sostienen que, cuando se cumplen los requisitos legales y no concurren las causales de exclusión, el Ministerio de Justicia no puede rechazar el beneficio por la gravedad del delito. Para fundamentarlo, citan jurisprudencia de las cortes de Apelaciones y Suprema.
Según Interferencia, las penas debían finalizar el 8 de diciembre de 2026. Tras las rebajas, Marott y Ollarves salieron del recinto penitenciario el 9 y el 10 de septiembre, respectivamente. Para Aramburu, el decreto estableció como término de condena el 8 de marzo.
El medio también informó que los tres registraban antecedentes por infracciones al régimen penitenciario. En el caso de Ollarves, consignó una condena adicional de 41 días por tenencia de un teléfono celular y un chip en prisión. Pese a esos antecedentes, recibieron la calificación de comportamiento sobresaliente requerida para acceder a la reducción.
LIBERACIONES SIN EXPULSIÓN
El reportaje cuestiona que las liberaciones no estuvieran acompañadas de expulsiones, en medio de los compromisos del Gobierno de José Antonio Kast de incrementar la salida de extranjeros condenados.
Según la publicación, Chile y Venezuela habían restablecido sus relaciones diplomáticas el 30 de julio, antes de la firma de dos de los decretos. No obstante, el propio medio advierte que persistían obstáculos administrativos, entre ellos la falta de apertura de los consulados.
Estos antecedentes sitúan el debate en la coordinación entre las autoridades de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores. Sin embargo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas no permite concluir, por sí solo, que una expulsión inmediata fuera viable, ni que existiera fundamento legal para prolongar la reclusión una vez cumplida la pena rebajada.
#SinRodeos | Isidro Solís, exministro de Justicia y beneficios a condenados: «Yo puedo disentir de lo que dicen los tribunales mientras ellos no me den una orden. (Rabat) pudo rechazar las solicitudes (…) La decisión que toma es bajo su criterio»
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— T13 (@T13) October 27, 2026
