La senadora Isabel Allende y su sobrina, la ministra de Defensa Maya Fernández, fueron citadas en calidad de imputadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien está a cargo de la investigación penal que surgió tras la querella presentada por el abogado Raimundo Palamara por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende para transformarla en un museo.
Ellas ya fueron notificadas. El jueves en la tarde declarará la secretaria de Estado y la durante mañana del día siguiente lo hará la parlamentaria, informó La Tercera.
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La compra de la vivienda del exmandatario desató críticas, porque ninguna de las dos -por ley- puede realizar transacciones con el Estado mientras ocupe su actual cargo.
Ambas ficharon a la penalista Paula Vial para que las represente.
LA INVESTIGACIÓN
Fernández y Allende no son las únicas citadas a declarar como imputadas ante la Fiscalía. También lo hará la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval. La fecha aún no ha sido fijada.
Ya acudió a testificar este lunes a la fiscalía la abogada Francisca Moya, jefa de División Jurídica de la secretaría general de la Presidencia. Lo hizo como testigo.
Ella conoce todos los decretos que firma el Presidente Gabriel Boric, que fue quien visó uno de los primeros trámites para la compra de la casa de Allende. Su cargo es de exclusiva confianza del jefe de Estado.
¿SUPO BORIC?
La investigación busca saber si este supo que en la adquisición del inmueble por parte del Estado Allende y Fernández eran parte de los vendedores. Asimismo, si alguien advirtió sobre la prohibición que existía de la entrega de recursos públicos a ambas mientras ostentaran sus cargos públicos.
También, la semana fue el allanamiento del ministerio de Bienes Nacionales por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal jefe de Foco de Coquimbo, Eduardo Yáñez.
En otra arista del mismo caso, el Tribunal Constitucional (TC) revisará este jueves si acoge a trámite la petición para que la senadora Isabel Allende cese de su cargo como parlamentaria.
Eso fue solicitado por el Partido Republicano y Chile Vamos.