El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda defendió los avances de esta política de Estado y rechazó que sectores políticos utilicen el caso de Bernarda Vera Contardo para cuestionar su legitimidad o desconocer la verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
En un comunicado difundido este jueves 30 de julio, la instancia recordó que el Plan busca establecer qué ocurrió con más de mil personas detenidas desaparecidas o ejecutadas cuyos familiares todavía desconocen el destino de sus restos.
Los equipos del Plan Nacional de Búsqueda recopilaron antecedentes relevantes sobre Bernarda Vera mientras reconstruían las trayectorias de las víctimas y las circunstancias de sus desapariciones. Posteriormente, entregaron esa información al ministro en visita Álvaro Mesa.
Lea también Fiscalía indaga rol de Camila Flores en ley de notarios
El magistrado desarrolló las diligencias judiciales correspondientes y ordenó el peritaje genético que confirmó la identidad de Vera. Además, comunicó personalmente el resultado a sus familiares, quienes desconocieron durante años su paradero.
El Comité valoró la actuación del ministro Álvaro Mesa y sostuvo que el trabajo desarrollado en sede judicial permitió alcanzar este resultado.
COMITÉ EMPLAZA AL MINISTERIO DE JUSTICIA
La instancia pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que cumpla sus obligaciones legales cuando la justicia dicte una resolución que establezca oficialmente la identificación.
El ministerio deberá informar al Servicio de Registro Civil e Identificación para excluir a Bernarda Vera del Registro de Personas Víctimas de Desaparición Forzada. También tendrá que incorporar las modificaciones correspondientes respecto de otras personas cuyos casos hayan resuelto sentencias judiciales firmes.
El Comité también exigió al ministro de Justicia y al subsecretario de Derechos Humanos que expliquen con urgencia cuáles son los antecedentes que sustentan las supuestas “irregularidades” en la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda que ambas autoridades mencionaron públicamente.
“El Comité de Seguimiento y Participación rechaza categóricamente que hechos como los descritos sean utilizados para cuestionar la legitimidad, la importancia y los avances del Plan”, señaló la declaración.
La organización también rechazó cualquier intento de erosionar la verdad histórica que establecieron las comisiones oficiales sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar.
El Comité recalcó que el Estado debe mantener el Plan Nacional de Búsqueda para aliviar la incertidumbre de las familias, reconstruir las trayectorias de las víctimas y restituir su dignidad.
VODANOVIC RESPONDE A SQUELLA
La senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, intervino en la controversia y respondió a los emplazamientos formulados por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
“El 11 de marzo pasado cambió el Gobierno, pero no puede cambiar la historia”, afirmó la parlamentaria.
Vodanovic recordó los antecedentes que establecieron los informes Rettig y Valech sobre las desapariciones forzadas, ejecuciones, prisión política y torturas durante la dictadura. También recordó que el expresidente Patricio Aylwin pidió perdón al país por las violaciones a los derechos humanos.
“Si alguien tiene información pendiente aún para esclarecer los delitos sobre derechos humanos son los cómplices pasivos”, declaró la senadora socialista.
Representantes de agrupaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos, sitios de memoria, instituciones académicas, la Iglesia católica y el Instituto Nacional de Derechos Humanos suscribieron el comunicado.
