El exministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo cuestionó las declaraciones de su sucesor, Fernando Rabat, sobre el caso de Bernarda Vera y aseguró que sus afirmaciones “no se corresponden con la realidad” de la investigación.
La controversia comenzó cuando Rabat anunció que la Subsecretaría de Derechos Humanos oficiaría al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para recuperar los recursos que el Estado pagó a los familiares de Vera. Un examen de ADN confirmó que la mujer localizada en Argentina era Bernarda Vera, quien figuró durante décadas como detenida desaparecida.
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El actual ministro sostuvo que el Estado puede solicitar la restitución de aquellos pagos efectuados por error y sin una causa jurídica que los justifique. Además, acusó a la administración anterior de no haber entregado oportunamente los antecedentes al ministro en visita Álvaro Mesa.
GAJARDO RECHAZA ACUSACIONES CONTRA LA GESTIÓN ANTERIOR
Gajardo desestimó esa versión y afirmó que la investigación que permitió esclarecer el caso comenzó en 2024 gracias al trabajo desarrollado por el Plan Nacional de Búsqueda, creado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
“Los antecedentes fueron entregados, principalmente, durante los años 2024 y 2025, en varios oficios que le envió el Programa de Derechos Humanos al ministro en visita del Poder Judicial Álvaro Mesa”, sostuvo el exsecretario de Estado.
Según Gajardo, esas comunicaciones tuvieron como finalidad contribuir a la investigación judicial y establecer la verdad sobre la trayectoria de Bernarda Vera.
El exministro calificó como perjudicial que Rabat desconozca antecedentes “fácticos y jurídicos” de un caso investigado de manera reservada por el Poder Judicial. También cuestionó que el actual titular de Justicia se atribuya los resultados de diligencias iniciadas durante la administración anterior.
“Preocupa que autoridades del Gobierno desconozcan los presupuestos básicos de una investigación judicial reservada que comenzó en el año 2024”, señaló.
Gajardo agregó que las declaraciones del Ejecutivo ponen en duda la legitimidad de los esfuerzos desarrollados por distintos gobiernos para avanzar en verdad y justicia respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
DEFENSA DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA
El exministro también reivindicó el papel del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa que calificó como un “hito histórico” en la responsabilidad asumida por el Estado para reconstruir las trayectorias y establecer el destino final de las personas desaparecidas.
Finalmente, llamó a las autoridades a actuar con rigor técnico, respetar la separación de poderes y evitar el uso ideológico de un caso de alta sensibilidad.
“Existe la obligación democrática de que las autoridades entreguen información verídica, respetando la separación de poderes y evitando confundir a la opinión pública”, concluyó Gajardo.
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