El subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval, defendió su participación en la firma de decretos de rebaja de condenas y reconoció una falla del Estado respecto de las víctimas, al señalar que no existían garantías de que fueran informadas ni escuchadas durante el proceso.
En una declaracióna través de su cuenta de Instagram, la autoridad explicó que firmó las resoluciones mientras ejercía como ministro subrogante y que aplicó el criterio jurídico establecido por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
“Cuando el subsecretario subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice”, sostuvo.
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Silva también expresó comprender la indignación provocada por las rebajas. “Se trataban de crímenes horribles que involucran no solo a las víctimas, sino a sus familias, y con razón hay miedo, angustia y rabia”, manifestó.
LA EXPLICACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE CRITERIO
El subsecretario aseguró que, al asumir sus funciones, las autoridades del ministerio rechazaron solicitudes de rebaja de condenas. Sin embargo, afirmó que posteriormente recibieron sentencias de la Corte Suprema que obligaban a revertir algunas de esas decisiones.
Según su explicación, en ciertos casos el fundamento judicial era que el ministerio estaba privando ilegalmente de libertad a una persona. “Las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”, enfatizó.
Silva sostuvo que situaciones similares ocurrieron durante el gobierno de Gabriel Boric, cuando los tribunales ordenaron revertir rechazos de solicitudes y las autoridades debieron firmar los respectivos decretos.
En ese contexto, indicó que Rabat decidió ajustar el criterio jurídico con el que se resolverían las solicitudes posteriores. La autoridad presentó estos antecedentes como fundamento de la actuación del ministerio.
RECONOCIMIENTO DE UNA FALLA CON LAS VÍCTIMAS
Silva describió un procedimiento en el que participan Gendarmería, una comisión integrada por profesionales y jueces, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y el propio ministerio. Agregó que cada organismo tiene funciones establecidas por ley y que durante el proceso es posible recurrir a los tribunales.
No obstante, reconoció que esa explicación no resuelve las consecuencias para las personas afectadas por los delitos.
“Desde el punto de vista de la víctima, sin embargo, el resultado es exactamente el mismo y no había garantías ni de que eran informadas ni escuchadas. En esto el Estado falló”, afirmó.
SUSPENSIÓN DE SOLICITUDES Y REVISIÓN DE BENEFICIOS
El subsecretario detalló tres medidas frente a la controversia: la suspensión de la tramitación de todas las solicitudes de rebaja de condena recibidas por el ministerio, el estudio de alternativas para revertir los efectos de los beneficios concedidos y el impulso de una reforma legal en el Congreso.
Respecto de las rebajas ya otorgadas, Silva precisó que el Gobierno está estudiando “si es posible y cómo revertir” sus efectos, sin anunciar una decisión definitiva.
Sobre la reforma, sostuvo que debe contemplar el derecho de las víctimas y sus familias a recibir información y ser escuchadas.
“Cuando el Estado falla no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir y, lo más importante, poner a las víctimas en primer lugar”, concluyó.
🔴 DECLARACIÓN PÚBLICA:
Subsecretario de Justicia Luis Silva sobre la rebaja de penas firmadas cuando fue Ministro Subrogante de Justicia.
— MEMERLUZO VERDE 🚬🗿🦆 (@memerluzocl) October 30, 2026
