El abogado y exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, cuestionó los argumentos que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, expuso ante la Cámara de Diputados para defender las rebajas de condena. En entrevista con radio Infinita, sostuvo que el secretario de Estado no habría cometido una ilegalidad al otorgar los beneficios por hechos anteriores a 2022, pero calificó como “gravísimo” que utilizara argumentos que considera falsos frente al Congreso.
Correa Sutil distinguió entre la interpretación legal que permitió conceder las reducciones y las explicaciones que Rabat entregó a los parlamentarios. A su juicio, el ministro tenía margen para resolver y debía asumir la responsabilidad por sus decisiones.
“Él estaba en su derecho de sostener una u otra interpretación legal y, por lo tanto, no ha cometido ilegalidad”, señaló respecto de condenas por hechos anteriores a 2022.
CUESTIONA DOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
El abogado centró sus críticas en dos planteamientos del titular de Justicia: que su función consistía simplemente en formalizar las decisiones de una comisión y que actuó en cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Según Correa Sutil, ambas explicaciones “no resisten ningún análisis”.
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“Sostenerlos frente a la Cámara de Diputados es gravísimo”, afirmó. Añadió que a esa corporación “se le debe respeto” y sostuvo que “esos dos argumentos son falsos”.
Respecto del papel de la Corte Suprema, explicó que, cuando el ministro comenzó a conceder los beneficios, existían sentencias que acogían solicitudes y otras que las rechazaban. Por ello, descartó que hubiera un criterio uniforme que obligara a resolver todos los casos en una misma dirección.
“QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD”
Correa Sutil agregó que, incluso si hubiera existido una jurisprudencia uniforme, el ministro conservaba margen de decisión en aquellos casos en que la Corte Suprema no le hubiera ordenado resolver en un sentido determinado.
“Pero no puede decir ‘mire, yo estaba obligado’, porque eso no es cierto”, enfatizó.
Consultado por una eventual acusación constitucional, el exintegrante del TC señaló que primero habría que conocer su contenido. Sin embargo, consideró especialmente grave la defensa que Rabat presentó ante los diputados y sostuvo que corresponde a la Cámara juzgar su gravedad.
El abogado también estableció una salvedad a su evaluación sobre la legalidad de las rebajas: si alguna se hubiera concedido a una persona condenada por un hecho posterior a 2022, sostuvo, “el acto es abiertamente ilegal”.
