El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, reconoció que al interior de la colectividad existen posturas distintas respecto de la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su responsabilidad en las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El parlamentario aseguró que aún no adoptan una posición definitiva y que continúan revisando los antecedentes.
En diálogo con radio Infinita el parlamentario expresó que «a mi entender no hay ningún misterio: hay una opinión disímil dentro de la bancada”.
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La presidenta del PDG, Denisse Catalán, no descartó la posibilidad de que el partido respalde una acusación constitucional contra Rabat, pero tampoco la reafirmó.
Al respecto el legislador explicó que antes de definir una postura los parlamentarios se encuentran revisando las recientes actuaciones del Gobierno y los antecedentes conocidos hasta el momento.
“Yo creo que lo que ayer vivimos fue un insumo, y en los medios que hacen una pega extraordinaria, siguen existiendo insumos para poder tomar una determinación”, afirmó.
Valenzuela evitó adelantar qué parlamentarios del PDG estarían a favor o en contra de una eventual AC contra Rabat, pero reconoció que el debate interno está abierto. Insistió en que “hay visiones encontradas, y eso lo estamos nosotros masticando y discutiendo, porque entendemos que el tema político es fuerte, el tema comunicacional es fuerte”.
DEL LADO DE LAS VÍCTIMAS
De todos modos Valenzuela puso en el tapete el que, a su juicio, fue uno de los principales compromisos que asumió el Ejecutivo durante la campaña, que fue la “de estar siempre desde el lado de las víctimas”.
Por lo mismo, cuestionó el contraste con la forma en que se abordó la controversia por las rebajas de condenas aseverando que “la gente dice ‘yo confío en un gobierno que habló de crecimiento económico, de seguridad y que le iba a dar una importancia superlativa a las víctimas’”.
A juicio del jefe de bancada del PDG, a la hora de enfrentar esta situación el Ejecutivo “comete un error de criterio básico, fundamental”.
