Las rebajas de condenas a pedófilos aunque concentran la atención pública, no pueden tapar un gobierno en fuga. Hacienda enfrenta una economía en retroceso y otras carteras acumulan conflictos internos. El Ejecutivo registra 59 salidas de autoridades en menos de ocho meses, mientras persisten cuestionamientos a su conducción política.
La crisis del Ministerio de Justicia ha desviado la atención pública durante las últimas semanas, especialmente por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y a delincuentes de lesa humanidad. La permanencia del ministro Fernando Rabat, la salida del subsecretario Luis Silva y los cuestionamientos parlamentarios mantienen abierto el conflicto. Sin embargo, detrás de ese árbol crece un bosque de crisis que compromete a otras reparticiones del Gobierno.
Hacienda enfrenta una economía en retroceso, Ciencia arrastra conflictos entre sus autoridades y Mujer acumula denuncias laborales y controversias presupuestarias. Cancillería, por su parte, debe administrar tensiones con Argentina por el Estrecho de Magallanes y las rutas comerciales hacia las islas Malvinas. Son problemas de naturaleza distinta, pero todos exigen respuestas y coordinación desde La Moneda.
A ellos se agrega una sucesión de salidas de autoridades que alcanza a ministras, subsecretarios, delegados presidenciales y seremis. Según un recuento publicado por La Tercera, al 30 de octubre habían dejado sus cargos 59 autoridades. La cifra equivale aproximadamente a una salida cada cuatro días desde el inicio de la administración.
Hacienda enfrenta cifras que contradicen expectativas
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó en la Enade una defensa de su estrategia económica y anunció metas de crecimiento para 2027. Proyectó una expansión del PIB de 3,3% y un aumento de la inversión de 8,1% para el próximo año. Sin embargo, el desempeño de 2026 contrasta con esas expectativas y plantea interrogantes sobre la recuperación prometida.
La tasa de desempleo alcanzó el 9,8% en el trimestre julio-septiembre, después de registrar un 8,3% entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. El PIB cayó 0,3% en el primer trimestre y 0,2% en el segundo, mientras el Banco Central proyectó para el año un crecimiento de entre 0,25% y 0,75%. Algunos economistas consideran posible que Chile termine 2026 con una contracción anual.
En una columna publicada por El Mostrador, el economista Eugenio Rivera cuestionó la interpretación de Quiroz sobre las causas del deterioro. Recordó que Chile creció 2,8% en 2024 y 2,5% en 2025, mientras la inversión aumentó 7% durante el último de esos años. Rivera atribuyó parte del retroceso actual a las decisiones gubernamentales sobre combustibles e inversión pública, una interpretación que contrasta con el énfasis del ministro en factores externos y problemas estructurales.
Ciencia acumula conflictos y cuestionamientos presupuestarios
El Ministerio de Ciencia enfrenta dificultades internas que comenzaron a hacerse públicas durante los primeros meses de la administración. En mayo, Rafael Araos dejó la subsecretaría después de una serie de desencuentros con la ministra Ximena Lincolao. Su salida estuvo acompañada por la partida de otros integrantes del equipo directivo.
La controversia también incluyó versiones sobre eventuales despidos masivos y cuestionamientos a la conducción de la cartera. La ministra rechazó públicamente los rumores de desvinculaciones masivas, mientras distintas fuentes internas describieron un ambiente de tensión. Los desacuerdos dejaron expuestas dificultades para coordinar a las autoridades y sus respectivos equipos.
A ello se suman controversias relacionadas con el Presupuesto 2027 y las prioridades de financiamiento de la investigación científica. Los recortes proyectados han generado preocupación por sus posibles efectos sobre programas y capacidades institucionales. Así, la cartera enfrenta simultáneamente problemas de gestión interna y cuestionamientos sobre la orientación de sus recursos.
Ministerio de la Mujer enfrenta denuncias y recortes
La crisis del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tampoco se limita a un conflicto entre autoridades. La salida de la subsecretaria Daniela Castro, en junio, evidenció diferencias políticas y administrativas con la ministra Judith Marín. El enfrentamiento alcanzó a los equipos de ambas autoridades y tuvo repercusiones dentro del oficialismo.
The Clinic informó sobre denuncias internas que atribuyeron presuntos malos tratos y hostigamiento a la ministra y a integrantes de su equipo. La publicación también dio cuenta de la activación de un protocolo de Ley Karin por una denuncia contra una asesora de la exsubsecretaria. Estas acusaciones requieren investigación pero acreditan un ambiente de absoluto deterioro por razones políticas, personales y religiosos.
En octubre, funcionarios de la cartera cuestionaron el proyecto de Presupuesto 2027 por sus efectos sobre programas dirigidos a mujeres. La propuesta contempla financiar Prodemu solamente hasta marzo del próximo año y reducir en 26 plazas la dotación máxima del SernamEG. La ministra ha atribuido parte de las dificultades financieras de Prodemu a decisiones anteriores, mientras trabajadores y organizaciones cuestionan el impacto de los ajustes.
Cancillería enfrenta tensiones por Magallanes y Malvinas
La política exterior agrega otro frente de preocupación para el Ejecutivo, particularmente en las relaciones con Argentina. Las controversias incluyen declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes y la futura conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas. La combinación de ambos asuntos ha generado advertencias sobre eventuales incidentes diplomáticos.
Antecedentes dados a conocer de inteligencia nacional alertaron sobre un posible evento crítico durante el viaje del buque chileno Danstar. La nave busca establecer una ruta de abastecimiento comercial desde Magallanes hacia el archipiélago. Las fuentes consultadas plantearon el riesgo de una eventual intervención argentina, aunque no se ha confirmado que exista una decisión de interceptar la embarcación.
El canciller argentino Pablo Quirno negó que su país prepare una ofensiva jurídica sobre la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes. Esa declaración constituye un antecedente relevante frente a las advertencias surgidas en Chile. Con todo, el Ejecutivo debe resguardar la libertad de navegación y administrar una controversia que involucra tratados internacionales, intereses comerciales y relaciones bilaterales.
Justicia concentra una crisis política todavía abierta
El Ministerio de Justicia permanece en el centro del debate por las rebajas de condenas concedidas a 56 personas privadas de libertad. La controversia ha provocado cuestionamientos jurídicos y políticos sobre los criterios utilizados para otorgar los beneficios. También ha abierto interrogantes sobre el conocimiento y la supervisión de las decisiones por parte de las autoridades superiores del Gobierno.
La salida del subsecretario Luis Silva no puso término al conflicto. El Presidente decidió mantener al ministro Fernando Rabat, mientras parlamentarios de oposición impulsan una acusación constitucional y sectores oficialistas expresan reparos a su continuidad. Las responsabilidades administrativas, constitucionales y eventualmente penales deben determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
El caso ha adquirido una dimensión política que supera la situación individual de los funcionarios involucrados. La controversia obliga a examinar la coordinación entre Justicia y La Moneda, así como los mecanismos de control sobre decisiones de especial sensibilidad pública. Mientras esas preguntas permanecen abiertas, los problemas de otras carteras siguen requiriendo atención gubernamental.
Un equipo de gobierno en permanente rotación
La sucesión de crisis ministeriales coincide con una elevada rotación de autoridades desde marzo. Según el recuento publicado por La Tercera, el Ejecutivo acumulaba 59 salidas al 30 de octubre: tres ministras, ocho subsecretarios, dos delegados y 46 seremis. El registro incluye renuncias, remociones y otros cambios, por lo que no corresponde atribuir a todos los casos una misma causa.
Entre los episodios recientes figura la remoción de Luis Silva, después de difundir un video institucional sobre las rebajas de condenas sin conocimiento previo de su superior. También se registró la renuncia del delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, en medio de una denuncia por presunta violencia intrafamiliar que él ha negado. Otros casos anteriores estuvieron vinculados con conflictos de gestión, cuestionamientos administrativos o diferencias entre autoridades.
El promedio de una salida cada cuatro días ilustra la frecuencia de los cambios, aunque no demuestra por sí solo una causa común. Sin embargo, la acumulación de crisis plantea preguntas sobre la selección de autoridades, la estabilidad de los equipos y la descoordinación presidencial. Mientras Justicia concentra las miradas, el Gobierno enfrenta un problema más amplio: sostener la conducción de distintas carteras en medio de conflictos simultáneos y una rotación que alimenta la imagen política del «arranque quien pueda».
