El equipo de Casos Complejos de la Fiscalía Regional de Coquimbo inició una serie de diligencias para investigar el contrato suscrito entre el presidente Gabriel Boric y su abogado Jonatan Valenzuela, quien lo representa en la causa derivada de la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
La indagación surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, que acusa al mandatario de malversación de caudales públicos por financiar su defensa con recursos del Estado.
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El Ministerio Público ha solicitado al Gobierno que remita los antecedentes relacionados con la contratación del abogado, incluyendo la resolución administrativa que sustentó el acuerdo y toda la documentación de respaldo.
Además, la Fiscalía evalúa citar a declarar tanto a Valenzuela como al propio Presidente Boric, así como acceder a otros documentos relevantes para esclarecer los hechos.
FALTA AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO
Raimundo Palamara, representante de la ONG querellante, sostuvo que el pago de la defensa privada del mandatario con fondos fiscales configura un delito. «Si el Gobierno reconoce que hubo un error en la transacción, también debe aceptar que no es válido utilizar dineros públicos para su defensa», argumentó.
Desde la Fiscalía han descartado por ahora agrupar esta indagatoria con la investigación por presunto fraude al Fisco relacionada con la compra de la casa de Allende.
No obstante, la querella insiste en que la contratación de Valenzuela infringe el Estatuto Administrativo, que regula el financiamiento de defensas legales para funcionarios públicos.
En las próximas semanas, el Ministerio Público determinará si procede la citación de los implicados y continuará reuniendo antecedentes que permitan establecer si hubo un uso indebido de recursos fiscales en el pago del abogado del Presidente Boric.
