El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó este miércoles un balance sobre su labor de fiscalización durante 2024, revelando incumplimientos significativos en la aplicación de normas de transparencia activa por parte de diversas instituciones del Estado.
De acuerdo con el informe oficial, de los 16.350 ítems revisados, se detectaron 2.251 casos de información no disponible, 626 con datos desactualizados y 11 con registros incompletos.
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Estos resultados evidencian deficiencias preocupantes en la gestión de la información pública.
INCUMPLIMIENTOS
El análisis identificó que dos organismos concentraron las mayores infracciones: la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, con 32 incumplimientos, y la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, con 28.
En términos generales, las irregularidades más frecuentes se presentaron en la publicación de contratos formalizados mediante órdenes de compra, donde 219 organismos no cumplieron con los estándares; modificaciones presupuestarias, con falta de información en 214 entidades; y ejecución de mecanismos de participación ciudadana, sin reportes adecuados en 186 casos.
Asimismo, se identificaron problemas en las transferencias reguladas por la Ley N°19.862, con deficiencias en 186 instituciones.
CONTRATACIÓN
También se observaron incumplimientos en la contratación de bienes inmuebles (153 casos) y en adquisiciones realizadas fuera del Sistema de Compras Públicas (173 casos).
No obstante, algunos organismos destacaron por su correcto cumplimiento de la normativa. La Superintendencia de Salud y el Servicio de Registro Civil e Identificación fueron los únicos en cumplir íntegramente con las exigencias de transparencia activa.
MEDIDAS ADOPTADAS
El CPLT advirtió que el panorama general sigue siendo preocupante, ya que solo 91 de los 327 organismos evaluados implementaron correctamente la diferenciación entre adquisiciones menores a 3 UTM, bienes muebles y servicios.
Entre los problemas recurrentes se encuentran la falta de actualización de información presupuestaria, la omisión de registros sobre autoridades electas o designadas y la ausencia de datos sobre gastos de representación, protocolos y ceremonial.
Ante esta situación, el consejo tomó medidas inmediatas, incluyendo la apertura de investigaciones sumarias en 41 organismos con puntajes inferiores a 65 puntos y la exigencia de cumplimiento estricto de la normativa para el resto de las entidades evaluadas.
FISCALIZACIÓN
Además, se llevará a cabo una nueva fiscalización en 2025 para verificar mejoras. Los resultados de este proceso ya fueron informados a entidades como la Contraloría General de la República y comisiones legislativas, con el objetivo de reforzar la supervisión y promover cambios estructurales en la gestión pública.
«Estos hallazgos reflejan la urgencia de que los organismos públicos adopten estándares más altos de gestión y acceso a la información. La transparencia no es solo una exigencia legal, sino una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos sean gestionados con probidad. Desde el Consejo seguiremos trabajando para impulsar una cultura de transparencia en todo el sector público», concluyó el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete.
