Desde las restricciones al aborto en distintos países hasta las prohibiciones impuestas por los talibanes en Afganistán, una serie de decisiones políticas, judiciales y sociales ha puesto en riesgo derechos fundamentales de las mujeres.
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Mientras organizaciones feministas advierten sobre el avance de discursos conservadores y el debilitamiento de las políticas de igualdad, las cifras internacionales evidencian que la desigualdad, la violencia y las barreras para acceder a derechos básicos siguen presentes.
UNA LUCHA QUE NO AVANZA EN LÍNEA RECTA
Durante las últimas décadas, las mujeres han conseguido importantes avances en materia de igualdad, autonomía, educación, participación política y derechos reproductivos. Sin embargo, estas conquistas no han significado un progreso permanente.
En distintas partes del mundo, decisiones gubernamentales, cambios legislativos y resoluciones judiciales han limitado derechos que durante años fueron defendidos por organizaciones feministas y movimientos sociales.
La magnitud de esta problemática también queda reflejada en las cifras. De acuerdo con el informe Gender Snapshot 2026, elaborado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, uno de cada tres mecanismos institucionales destinados a promover la igualdad de género perdió poder durante los últimos dos años.
Además, uno de cada cuatro registró recortes presupuestarios y el 42% de los organismos de Naciones Unidas informó un debilitamiento de sus iniciativas en esta materia.
NICARAGUA
Uno de los casos más significativos ocurrió en Nicaragua. En octubre de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la eliminación de la excepción que permitía el aborto terapéutico. Posteriormente, en 2008, entró en vigor la reforma que criminalizó la interrupción del embarazo en todas las circunstancias, incluso cuando la vida de la mujer se encuentra en peligro. La medida generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos por sus consecuencias en la atención médica y la salud reproductiva.
La dimensión mundial de este problema también se observa en las legislaciones sobre aborto. Según datos del Center for Reproductive Rights recogidos en una evaluación publicada en 2026 por el Gobierno de Canadá, 111 millones de mujeres en edad reproductiva viven en 21 países o territorios donde el aborto está completamente prohibido.
Años después, el debate volvió a instalarse en Europa. El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional una de las principales excepciones legales al aborto, relacionada con anomalías fetales graves. La sentencia entró en vigor el 27 de enero de 2021 y provocó manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades del país.
TURQUÍA
En marzo de 2021, Turquía anunció su retirada del Convenio de Estambul, un tratado internacional destinado a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. La decisión generó preocupación entre organizaciones feministas, que advirtieron sobre la importancia de mantener mecanismos internacionales de protección frente a la violencia de género.
La violencia continúa siendo otro de los principales problemas a escala mundial. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud publicadas en julio de 2026, aproximadamente 840 millones de mujeres y niñas han experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja o violencia sexual ejercida por otra persona a lo largo de su vida. La cifra representa cerca de una de cada tres mujeres mayores de 15 años.
ESTADOS UNIDOS: EL RETROCESO EN EL DERECHO AL ABORTO
El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el precedente Roe contra Wade, que durante casi cinco décadas había protegido constitucionalmente el acceso al aborto. La decisión, conocida como Dobbs contra Jackson, eliminó esa garantía federal y permitió que cada estado estableciera sus propias regulaciones y prohibiciones.
El fallo provocó importantes diferencias en el acceso a la salud reproductiva dentro del país. Mientras algunos estados mantuvieron protecciones, otros implementaron prohibiciones que restringieron considerablemente la posibilidad de interrumpir un embarazo.
Para organizaciones como el Center for Reproductive Rights, esta decisión representó un cambio profundo en la protección de los derechos reproductivos y evidenció que incluso garantías reconocidas durante décadas pueden quedar sujetas a modificaciones judiciales y políticas.
El caso estadounidense también volvió a poner sobre la mesa una discusión internacional: el acceso al aborto, la autonomía sobre el propio cuerpo y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida reproductiva.
Sin embargo, las desigualdades en este ámbito no se limitan a las prohibiciones legales. El informe Gender Snapshot 2025 de Naciones Unidas reveló que solamente el 56,3% de las mujeres de entre 15 y 49 años, casadas o en una unión, tiene plena capacidad de decisión sobre sus derechos sexuales y reproductivos, según datos recopilados en 78 países.
AFGANISTÁN: RESTRICCIONES A LA EDUCACIÓN Y LA VIDA PÚBLICA
Uno de los casos más graves se registra en Afganistán, donde el regreso de los talibanes al poder, en agosto de 2021, dio paso a restricciones sistemáticas contra los derechos de las mujeres.
En septiembre de ese año se suspendió la educación secundaria para las niñas. Posteriormente, en diciembre de 2022, las autoridades prohibieron a las mujeres asistir a las universidades. En abril de 2023, la restricción se extendió al trabajo de mujeres afganas para Naciones Unidas dentro del país.
Las medidas también han limitado el empleo femenino, la movilidad y la participación en espacios públicos. En agosto de 2024, las autoridades promulgaron una normativa que reforzó las restricciones sobre la conducta, la vestimenta y la voz de las mujeres en público.
Las consecuencias de estas medidas también se reflejan en el acceso a la educación. Según estimaciones de UNESCO publicadas en 2025, aproximadamente 1,4 millones de niñas afganas han sido privadas deliberadamente de la educación secundaria desde que se impusieron las restricciones. Si se incluyen las niñas que ya estaban fuera del sistema educativo antes de esas prohibiciones, la cifra aumenta considerablemente.
El caso afgano representa una de las expresiones más extremas de exclusión femenina, debido a que las restricciones no afectan solamente un derecho específico, sino que limitan simultáneamente las posibilidades de estudiar, trabajar, desplazarse y participar en la sociedad.
IRÁN: PROTESTAS CONTRA EL VELO OBLIGATORIO
En Irán, la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, el 16 de septiembre de 2022, desencadenó protestas masivas contra las normas sobre el uso obligatorio del velo y las restricciones a las libertades individuales.
Amini había sido detenida por la policía de la moralidad. Su muerte se convirtió en un símbolo de las demandas de autonomía y libertad de las mujeres iraníes, en medio de la represión contra manifestantes y activistas.
La situación también evidencia la relación entre las restricciones legales y la violencia ejercida contra las mujeres que cuestionan las normas impuestas por las autoridades. La Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Irán ha documentado vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la aplicación de las normas sobre el velo obligatorio y la represión de las protestas.
LAS REDES SOCIALES Y EL REGRESO DE LOS ROLES TRADICIONALES
Los retrocesos no se expresan únicamente a través de leyes o decisiones gubernamentales. También existe un debate sobre la difusión de discursos que promueven modelos tradicionales de género y que cuestionan algunas de las transformaciones sociales impulsadas por los movimientos feministas.
En 2024 ganó visibilidad internacional la tendencia tradwife, protagonizada por creadoras de contenido que idealizan un estilo de vida centrado en el matrimonio, la maternidad y las tareas domésticas, con el marido como principal proveedor económico. Este fenómeno ha tenido especial presencia en Estados Unidos, donde algunas creadoras utilizan las redes sociales para mostrar una vida dedicada al hogar y a los roles tradicionales de género.
TENDENCIAS
La tendencia también ha generado cuestionamientos desde espacios feministas, especialmente por la manera en que puede presentar la dependencia económica y la división tradicional del trabajo como modelos ideales para las mujeres. Un estudio académico publicado en 2024, titulado Tradwives: Right-Wing Social Media Influencers, analizó cómo estas comunidades digitales combinan una estética doméstica con discursos políticos conservadores sobre la feminidad y la familia.
Esto no significa que una mujer que decide dedicarse al cuidado de su hogar esté renunciando a sus derechos o actuando en contra del feminismo. La discusión se centra en la promoción de un único modelo de vida femenina y en los discursos que cuestionan la autonomía económica, laboral y personal de las mujeres.
Las cifras internacionales permiten dimensionar por qué esta discusión sobre los roles tradicionales sigue siendo relevante. Según el informe Gender Snapshot 2025, las mujeres dedican, en promedio, 2,5 veces más horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta diferencia refleja una distribución desigual de las responsabilidades dentro de los hogares, que también puede limitar sus oportunidades laborales, económicas y profesionales.
La desigualdad también se mantiene en los espacios de poder. El mismo informe estableció que, al 1 de enero de 2025, las mujeres ocupaban solamente el 27,2% de los escaños en los parlamentos nacionales. Además, apenas el 30% de los cargos directivos a nivel mundial estaba en manos de mujeres.
TIKTOK Y LAS DENUNCIAS SOBRE LA PALABRA «MUJER»
El debate sobre la representación femenina también llegó al ámbito tecnológico. El 17 de octubre de 2026, usuarias denunciaron anomalías en el buscador de TikTok al introducir la palabra «mujer», señalando que la plataforma sugería una escritura alternativa: «majer».
Las denuncias también incluyeron búsquedas en inglés con la palabra woman y supuestas modificaciones en los resultados asociados a nombres femeninos. Las capturas comenzaron a circular en distintas redes sociales y generaron cuestionamientos sobre el funcionamiento de los algoritmos y la visibilidad de los contenidos relacionados con las mujeres.
El episodio abrió una discusión sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la representación de las mujeres y en el acceso a información relacionada con ellas. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia suficiente para afirmar que TikTok haya eliminado deliberadamente la palabra o implementado una política de censura contra las mujeres.
La preocupación por los espacios digitales también tiene un fundamento estadístico. ONU Mujeres y Naciones Unidas han advertido sobre las distintas formas de violencia facilitadas por la tecnología, como el acoso digital, la vigilancia, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Estas prácticas pueden extender la violencia que las mujeres experimentan fuera de internet y afectar su participación en espacios públicos y digitales.
LA ONU TAMBIÉN ADVIERTE SOBRE EL DEBILITAMIENTO DE LA IGUALDAD
Las preocupaciones sobre el estado de los derechos de las mujeres también aparecen en los informes internacionales. El 17 de septiembre de 2026, ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas publicaron el informe Panorama de género 2026, que expuso importantes dificultades para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
Entre sus resultados, el documento señaló que una de cada tres instituciones nacionales dedicadas a promover la igualdad de género había experimentado una pérdida de poder institucional durante los dos años anteriores. Además, uno de cada cuatro mecanismos había sufrido recortes presupuestarios y casi uno de cada diez había perdido completamente el control de su presupuesto.
El informe también advirtió que, al ritmo actual, la igualdad de género todavía se encuentra a 171 años de distancia. Asimismo, indicó que seis de cada siete países están encabezados por hombres y que las mujeres ocupan apenas el 6% de los cargos de dirección ejecutiva de las empresas a nivel mundial.
A estas desigualdades se suma la violencia extrema. Un informe conjunto de ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado en noviembre de 2025, estimó que cerca de 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas durante 2024 por sus parejas u otros familiares. Esto equivale a un promedio de 137 víctimas cada día.
Las cifras permiten observar que la desigualdad no desaparece únicamente porque existan leyes que reconozcan la igualdad formal. También depende de que las instituciones cuenten con recursos, capacidad de actuación y mecanismos efectivos para garantizar esos derechos.
UNA LUCHA QUE SIGUE VIGENTE
Los acontecimientos registrados en Nicaragua, Polonia, Turquía, Estados Unidos, Afganistán e Irán muestran que las restricciones a los derechos de las mujeres pueden adoptar distintas formas y responder a contextos políticos, sociales y culturales diferentes.
Mientras en algunos países las principales disputas se concentran en el acceso al aborto y la autonomía reproductiva, en otros las mujeres enfrentan prohibiciones para estudiar, trabajar, desplazarse libremente o participar en la vida pública. También existen preocupaciones por el debilitamiento de las instituciones de igualdad y por la difusión de discursos que buscan reforzar los roles tradicionales de género.
Frente a este escenario, organizaciones feministas de distintas partes del mundo continúan documentando vulneraciones, acompañando a las víctimas y exigiendo que los Estados cumplan sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Los datos también muestran que estas problemáticas no corresponden exclusivamente a países donde existen prohibiciones explícitas. La violencia, la desigualdad económica, la distribución de las tareas domésticas y las dificultades para acceder a espacios de decisión continúan presentes en sociedades con distintos niveles de desarrollo y protección legal.
Por eso, revisar estos acontecimientos no significa desconocer los avances alcanzados por generaciones de mujeres, sino comprender que la igualdad sigue siendo una tarea pendiente. La posibilidad de estudiar, trabajar, decidir sobre el propio cuerpo, vivir sin violencia y participar libremente en la sociedad continúa siendo una demanda que atraviesa fronteras.
Porque la historia de los derechos de las mujeres no está compuesta únicamente por conquistas: también está marcada por las libertades que han debido defenderse una y otra vez.
