A cinco días de los incidentes en el Congreso en Argentina, las causas iniciadas por las agresiones al fotógrafo Pablo Grillo y a la jubilada Beatriz Blanco aún no tienen un juez designado. La falta de definición judicial se debe a una disputa de competencias entre distintos juzgados, lo que ha paralizado las investigaciones.
Lea también Maduro evalúa prohibir viajes a EE.UU. tras deportaciones
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentó una denuncia para determinar si hubo excesos en el accionar policial durante la marcha de jubilados. Paralelamente, Beatriz Blanco también realizó una denuncia que recayó en el juzgado de la jueza María Servini. Sin embargo, la magistrada la devolvió al juzgado donde originalmente se había denunciado el presunto exceso policial.
El conflicto se agravó cuando el juez a cargo de la primera denuncia se declaró incompetente, debido a que la acusación incluía a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una funcionaria del Estado de Argentina. Ante esto, el expediente fue reenviado nuevamente al juzgado de Servini, sin que hasta el momento se haya definido quién llevará adelante la causa.
LA INVESTIGACIÓN GENERAL Y LA DENUNCIA CONTRA LA JUEZA ANDRADE
Mientras se resuelve la asignación del juez, la investigación sobre los hechos ocurridos en la marcha sigue en curso en los tribunales de Comodoro Py. Allí se incluyen las agresiones tanto al fotógrafo como a la jubilada.
En paralelo, el Gobierno de Argentina presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos por los incidentes en el Congreso. La acusación, formulada por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, señala a la magistrada por presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Según fuentes oficiales, la denuncia se presentó a las 07:30 y quedó en manos del juzgado federal de María Servini y la fiscalía de Eduardo Taiano. En la misma, se menciona la presencia en la protesta de grupos organizados de «barras bravas» de distintos clubes de fútbol, como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús y Los Andes, entre otros.
El Gobierno argumentó que estos grupos, ajenos a la convocatoria de jubilados, protagonizaron agresiones contra las fuerzas de seguridad, utilizando empujones, golpes, piedras, armas blancas y de fuego. Además, se los responsabiliza por incendiar objetos en la vía pública, una moto policial y un patrullero, así como por daños a bienes públicos y lesiones a más de una docena de efectivos de seguridad.
La falta de un juez asignado mantiene en suspenso la resolución de estas causas, mientras la tensión judicial y política en torno a los hechos ocurridos en el Congreso sigue en aumento.
🛑 Piden investigar a la Policía por las agresiones a una jubilada y al fotógrafo Pablo Grillo
— Diario época (@diarioepoca) March 14, 2025
