En el marco del Caso Procultura, el fiscal Patricio Cooper solicitó intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric, basado en información obtenida del teléfono del fundador de ProCultura, Alberto Larraín, cercano al mandatario.
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La solicitud fue rechazada por el juzgado. Además, se divulgó un pinchazo al teléfono del ex jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, en una conversación con su madre, en la que mencionó gestiones de Isabel Allende para la venta de una propiedad, lo que derivó en una investigación penal contra la ex senadora.
GOBIERNO PIDE EXPLICACIONES
Ante ello, el Gobierno pidió al Ministerio Público aclarar la solicitud que habría enviado el fiscal Patricio Cooper a un tribunal.
El Ejecutivo señaló que esta acción puede comprometer la seguridad nacional: «Las conversaciones que tienen los jefes de Estado son, en muchos casos, con presidentes de otros países. Son conversaciones que abordan temas estratégicos como migraciones, en economía, como en materia de seguridad, y por lo tanto, por esta razón, por la naturaleza que tienen las conversaciones de los jefes de Estado en general, es que tienen un estándar de protección que es más alto», dijo la vocera de Gobierno (s) Aisén Etcheverry.
INTERVENCIÓN DE CELULARES
Según consignó Ex-Ante, en el marco de la causa que indaga un posible fraude al fisco en la entrega de convenios a la fundación ProCultura, el fiscal Patricio Cooper solicitó a un tribunal intervenir el celular de Gabriel Boric, lo que fue posteriormente rechazado.
Esto porque en una de las pericias realizadas al teléfono de Alberto Larraín, fundador de ProCultura y cercano al Mandatario, habría aparecido información relevante para la indagatoria, según el persecutor. Estas serían supuestas conversaciones entre Jorge Flies -gobernador de Magallanes- y Larraín, donde este último le habría contado de supuestas conversaciones que mantuvo con Boric pidiéndole aceleración en la entrega de proyectos que finalmente no se concretaron, indicó el medio ya mencionado.
Al respecto, Etcheverry señaló: «Nosotros estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía, el fiscal nacional Ángel Valencia, que pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto, y a partir de ahí, bueno, tomar los resguardos que sean necesarios».
«Aquí no estamos hablando de filtraciones o de otras materias donde, como lo hemos dicho siempre, nosotros nos mantenemos al margen y colaboramos con la justicia. Estamos hablando de jefes de Estado que tienen conversaciones, que tienen un resguardo especial, precisamente porque en caso de ser conocidas pueden comprometer la seguridad nacional, y eso es algo de lo que tenemos que estar todos preocupados de resguardar», agregó la secretaria de Estado.
