El diputado Raúl Soto (PPD), quien encabezará la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó este sábado que el secretario de Estado ya presentó su contestación ante la instancia parlamentaria.
Además, el parlamentario ratificó la información adelantada por La Tercera sobre los primeros invitados que participarán en la comisión, cuya primera sesión tendrá lugar este lunes a las 16:00 horas para analizar la acusación contra el titular de Justicia.
Lea también: Ministro Rabat ya presentó contestación a AC en su contra
Entre los convocados figuran el propio ministro Rabat, el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, y el actual subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.
Al explicar los motivos de estas citaciones, Soto sostuvo que “Son los principales implicados quienes han firmado estos decretos de rebaja de condena y por lo tanto para que den cara al país y respondan las preguntas de la comisión”, indicó el también presidente del PPD.
Asimismo, la comisión extendió una invitación al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y al abogado y académico de la Universidad de Los Andes, Alejandro Romero, quienes también podrán aportar antecedentes durante el proceso.
SOTO ACUSA FALTA DE ENTREGA DE DECRETOS DE REBAJA DE PENAS
Pese a confirmar la respuesta del ministro, el diputado advirtió que el Ministerio de Justicia todavía mantiene pendiente la entrega de todos los decretos de reducción de condenas que los integrantes de la comisión solicitaron mediante un oficio.
En ese contexto, Soto manifestó su preocupación por la falta de estos antecedentes, ya que considera que resultan fundamentales para desarrollar una revisión transparente y completa de los hechos.
Al respecto, señaló: “Lo que está pendiente y hasta la fecha no ha ocurrido es la entrega del listado completo y adjunto de cada uno de los decretos que ha firmado el actual gobierno en cualquier tipo de delitos respecto de aquellas materias donde no exista una orden expresa de la Corte Suprema en carácter de público pero anonimizado, resguardando la identidad de la víctima”, manifestó.
Posteriormente, el parlamentario insistió en la importancia de contar con esa documentación para avanzar en el trabajo legislativo y cuestionó que la cartera todavía no cumpla con el requerimiento.
“Eso es necesario para el trabajo adecuado de la comisión para transparencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido”, zanjó.
LOS TRES CAPÍTULOS DE LA ACUSACIÓN CONTRA RABAT
La acusación constitucional contempla tres capítulos, mediante los cuales la oposición busca establecer la eventual responsabilidad política del ministro Fernando Rabat en la firma de decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad.
En primer lugar, el documento cuestiona las rebajas de penas que, según los impulsores de la acusación, habrían contravenido la legislación nacional y los tratados internacionales destinados a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, el segundo capítulo examina los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. En este punto, la oposición plantea que las decisiones podrían haberse adoptado sin respetar las exigencias establecidas en el Estatuto de Roma.
Finalmente, el tercer apartado apunta a una eventual vulneración del deber de probidad. Específicamente, los parlamentarios cuestionan la posible entrega de información falsa o imprecisa al Congreso Nacional.
De esta manera, la comisión revisora comenzará este lunes el análisis de los antecedentes, en medio de los cuestionamientos de la oposición y de la exigencia de contar con la documentación completa sobre los decretos de reducción de condenas.





