Blanco y Negro y Colo Colo vive un complejo presente tanto dentro como fuera del campo. A la crisis deportiva que los tiene en el decimoprimer lugar de la tabla del torneo chileno y últimos en su grupo de Copa Libertadores, se suma una batalla legal contra los vecinos del Estadio Monumental.
Las familias cercanas al recinto deportivo no aguantaron más los problemas generados por la presencia de barristas y seguidores albos durante los partidos y decidieron presentar un recurso de protección contra Blanco y Negro, la sociedad que administra al club.
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LAS DENUNCIAS DE LOS VECINOS
Las quejas de los vecinos se centran en varios factores que alteran su calidad de vida, especialmente en los días de partido. Las denuncias apuntan a riñas violentas, el uso de fuegos artificiales, la presencia de desechos y excrementos en las calles, y la total falta de medidas para garantizar la seguridad, limpieza y el orden en las inmediaciones del estadio.
Este recurso fue respaldado por la Coordinadora de Juntas de Vecinos de la comuna de Macul y patrocinado por los abogados de la organización social Macul en Movimiento, quienes también son parte activa de la comunidad.
UN FALLO JUDICIAL
La Corte de Apelaciones de Santiago admitió el recurso interpuesto por los vecinos y le otorgó a Blanco y Negro un plazo de cinco días para responder por las acusaciones y presentar un informe detallado sobre las medidas que han tomado para evitar las problemáticas mencionadas.
Sin embargo, la concesionaria no cumplió con este plazo, lo que obligó a la Corte a darles una nueva oportunidad, esta vez bajo la amenaza de imponer una multa.
El texto del fallo judicial deja en claro que la sanción podría ser una multa que, aunque baja, no deja de ser un golpe para la administración de Colo Colo.
“Atendido el mérito de los antecedentes y la revisión del sistema informático, de lo cual se constata que Blanco y Negro S.A no ha evacuado el informe correspondiente, reitérese, para que dé cumplimiento dentro de tercero (3) día bajo apercibimiento de aplicarle la sanción contemplada en la letra c) del artículo 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección”, asegura el documento al que tuvo acceso BioBioChile.
Si Blanco y Negro no cumple con la obligación de responder, se aplicaría una multa que podría ir de 68 mil a 343 mil pesos chilenos, lo que equivaldría a entre una y cinco unidades tributarias mensuales. Monto completamente irrisorio para la gravedad de la situación.
Hasta el cierre de esta nota Blanco y Negro no ha emitido una declaración oficial.
