El panorama fiscal del país enfrenta un año complicado, debido a una disminución en los ingresos que limita la capacidad del Estado para cubrir sus gastos. En respuesta, el gobierno ha presentado un plan de ajuste fiscal incluido en la Ley de Presupuestos 2025, que contempla un recorte de aproximadamente 544 mil millones de pesos chilenos (US$555 millones), además de otros ajustes específicos y revisiones de gasto por un total de casi 553 mil millones de pesos (US$564 millones). En conjunto, estos ajustes suman cerca de 1.097 mil millones de pesos (US$1.199 millones).
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A estos recortes se suman medidas legislativas que contemplan recursos por aproximadamente 852 mil millones de pesos (US$870 millones). Si todos estos compromisos se cumplen en su totalidad, el ajuste fiscal total alcanzaría aproximadamente 1.949 mil millones de pesos (US$1.990 millones). Sin embargo, las proyecciones indican que no se logrará implementar en su totalidad, lo que sugiere que el país continuará enfrentando un déficit fiscal estructural. Se estima que, para el próximo año, el siguiente gobierno deberá realizar un ajuste inicial de al menos US$1.000 millones para estabilizar las finanzas públicas.
EL MARCO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS
En un contexto de financiamiento restringido, el presupuesto del año 2026 será crucial para definir la dirección del gasto público. Este será el último presupuesto de la administración de Gabriel Boric, pero su elaboración será responsabilidad del próximo gobierno. Para ello, el Ministerio de Hacienda ya comenzó el proceso, enviando instrucciones a todos los ministerios para la formulación del proyecto presupuestario, con fecha límite para la presentación el 30 de mayo.
PRINCIPALES LINEAMIENTOS
Las instrucciones establecen un límite máximo de gasto para cada ministerio, que no podrá superar el 98% del presupuesto asignado en 2025, ajustado por las remuneraciones del sector público aprobadas en diciembre y el recorte de 544 mil millones de pesos. Este límite es similar al del año pasado, que fue de 97,5%. Además, por primera vez, se incorporan 35 leyes en proceso de implementación, como la Reforma de Pensiones y la creación del Ministerio de Seguridad, que podrán tener un crecimiento autorizado respecto a ese límite.
El instructivo también especifica que los proyectos de presupuesto que no respeten esta restricción no serán considerados hasta que presenten una versión ajustada. En cuanto al gasto en personal, este incluye los costos de la dotación vigente en 2025, descontando ciertos límites establecidos en glosas y ajustes legislativos. Se permite solicitar reasignaciones internas para adecuar capacidades institucionales, siempre que se mantenga la continuidad operativa y la dotación actual del sector público.
REDUCCIÓN DE GASTOS
Además, los gastos en viáticos y horas extras no podrán exceder el 90% de lo aprobado en 2025, lo cual implica una disminución en comparación con el año anterior. En cuanto a bienes y servicios de consumo, estos deberán mantenerse en niveles que aseguren la operación normal de las instituciones, excluyendo gastos extraordinarios, límites en glosas y ajustes legislativos.
El documento también enfatiza la necesidad de revisar la oferta programática vigente para mejorar la eficiencia y pertinencia del gasto público. Los programas que sean reformulados deberán presentar sus nuevos diseños para una evaluación previa, que sirva de insumo para decisiones presupuestarias. La prioridad, será consolidar las ofertas existentes, sin considerar recursos para programas nuevos en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026.
PRÓXIMOS PASOS
El plazo máximo para que los ministerios envíen sus propuestas es el 30 de mayo. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda analizará las iniciativas y las presentará al Congreso a fines de septiembre, en línea con los procedimientos habituales. Este proceso busca ajustar las expectativas y preparar un presupuesto que, pese a las limitaciones, garantice la continuidad de los servicios públicos y la gestión institucional en un escenario fiscal desafiante.
