La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) advirtió que no aprobarán el presupuesto del sector público si no se aumentan los recursos para que Contraloría pueda combatir la corrupción.
Así lo anunciaron trar una reunión con la contralora Dorothy Pérez, a quien entregaron cinco medidas impulsada por la bancada en el marco del Informe Consolidado de Información Circularizada N°9.
Este se conoció el pasado 20 de mayo y reveló el mal uso de licencias médicas por parte de 25.078 uncionarios públicos, que aprovecharon el reposo por salud para salir al extranjero.
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PRESUPUESTO CON CONDICIONES
Una de las cinco iniciativas que presentaron los diputados de RN a la contralora, es rechazar el presupuesto del sector público si no se observa un aumento real de entre un 10% a 20% en la partida presupuestaria de la Contraloría General de la República.
Esto, considerando que en los últimos años se han creado nuevos ministerios y servicios, lo que no ha tenido un correlato en la planta y presupuesto de la Contraloría.
También, permitir, en casos calificados en los que se hubiere vulnerado gravemente la probidad administrativa, iniciar el sumario administrativo mientras el afectado se encuentre en sus funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo.
Ello, a raíz de una serie de renuncias tras el escándalo de las licencias, principalmente de funcionarios “cuestionados en relación con la observancia del principio de probidad o de las debidas diligencias”. Esto dimitieron “para evadir, supuestamente, las consecuencias administrativas de una eventual sanción”.
IGUAL QUE EN EL SECTOR PRIVADO
Asimismo, se pide un proyecto de ley para atacar el ausentismo, modificando los estándares bajo los cuales se declara salud incompatible con el servicio en caso de licencias prolongadas.
Los parlamentarios de RN propusieron a Contraloría que “no sea facultad del jefe de servicio declarar la salud incompatible si se alcanzan los 6 meses de ausentismo, sino que sea una obligación».
Añadieron que «cuando el ausentismo supere los 12 meses, el jefe de servicio proceda directamente a declarar la incompatibilidad, sin necesidad de evaluación por parte del Compin”.
Del mismpo modo, solicitaron asimilar el régimen de licencias médicas entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado, modificando el artículo 111 del Estatuto Administrativo que permite que los funcionarios públicos perciban íntegramente su remuneración cuando hacen uso de su licencia médica.
Esto llevaría a que los funcionarios tramiten el pago del SIL ante Fonasa o Isapre “y el empleador pueda descontar inmediatamente el porcentaje correspondiente de su remuneración tras la ausencia, incluido el periodo de 3 días sin pago de subsidio en licencias inferiores a 11 días de reposo”.
INFORME SEMESTRAL
Por último, apuntan a modificar diversos cuerpos legales para dotar a la Contraloría General de la República y otras autonomías constitucionales fuera de su fiscalización de deberes y facultades para perseguir el ausentismo y el correcto uso de licencias médicas.de ser requerida por distintos órganos. Esto incluy pedir a la PDI semestralmente “toda la información relativa a ingresos y salidas del país por parte de funcionarios que hubieren presentado licencias médicas”.
Y que, además, a través de la ley, “operadores de vuelos nacionales y de operadores de buses interurbanos” deban entregar información en caso de ser requerida por distintos órganos.
