Desde la semana pasada la Contraloría General de la República (CGR) inició una fiscalización al ministerio de Justicia a las rebajas de condenas a 56 sentenciados por graves delitos sexuales contra menores de edad -27 por abuso sexual y 29 por violación- que mantienen cuestionada la gestión de Fernando Rabat.
Además, requirió un informe por una presentación parlamentaria a raíz de una eventual falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez relacionada con el mismo tema.
El primer punto dice relación con un oficio fiscalizador del diputado independiente Héctor Ulloa, donde pidió al organismo revisar la legalidad de las rebajas concedidas desde el 11 de marzo, tanto por delitos sexuales contra menores como por secuestro calificado y tortura.
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En ese sentido, la controversia también alcanzó a beneficios concedidos a condenados por crímenes cometidos durante de la dictadura.
En ese sentido, solicitó reunir los decretos y sus antecedentes, incluidos los informes psicológicos y de riesgo de reincidencia, y auditar cómo Justicia verificó los requisitos, expuso radio Bío Bío.
También pidió que, si se detectan irregularidades, se inicien procedimientos para invalidar los beneficios y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Al requerimiento de Ulloa se sumó una presentación que la oposición ingresó este martes, para continuar una sola fiscalización
Esas diligencias por el momento no tienen plazo ni resultados.
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ
El segundo tema que revisa la Contraloría es esclarecer si Justicia respondió los requerimientos de la Defensoría de la Niñez de transparentar los decretos de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad que firmó el ministro Rabat.
Varios parlamentarios solicitaron un pronunciamiento jurídico de Contraloría al respecto. Por eso el organismo fiscalizador está requiriendo un informe al ministerio.
En paralelo, se espera que la oposición ingrese en los próximos días la anunciada acusación constitucional contra el ministro Rabat.
