Hasta la Contraloría General de la República (CGR) llegaron dirigentes de oposición para ingresar un requerimiento cuyo fin es que esta que se pronuncie y, eventualmente, sancione al ministerio de Justicia por el incumplimiento de una solicitud de la Defensoría de la Niñez de transparentar los decretos de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad que entregó el titular de esa cartera, Fernado Rabat.
Un segundo objetivo es que eso documentos sean entregados a la brevedad.
«Han pasado 13 días desde que estalló y se conoció públicamente este caso” y desde que “la Defensoría de la Niñez le puso un plazo de 5 días al ministerio de Justicia para entregar todos los antecedentes. Sin embargo, el Gobierno le negó esa información, como también se la ha negado a distintos parlamentarios y parlamentarias», acusó el presidente del PPD, Raúl Soto.
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«Y la pregunta que hoy día tenemos que hacernos es: ¿Por qué el Gobierno se sigue negando a transparentar y entregar toda la información? ¿A quién protegen? ¿Qué ocultan?», cuestionó el parlamentario.
En ese sentido, agregó que «nosotros vamos a llegar a las últimas consecuencias, porque es inaceptable que la Defensoría de la Niñez haya tenido que, con una venda en los ojos, sin contar con toda la información, presentar a ciegas recursos de amparo en favor de las víctimas”,
“Existen algunos principios que obligan al ministro Rabat a entregar la información“, ahondó Soto. Ente ellos destacó el principio de transparencia e insistió el secretario de Estado debe proporcionar los antecedentes.
«HACER CUMPLIR LA LEY»
Desde la bancada PPD-Independientes su presidenta, Andrea Parra, reprochó que hace diez días Rabat dijo que «la información era pública y ayer se contradice y señala que no quiere entregar los decretos para proteger a las víctimas».
“Aquí el ministro Rabat no se manda solo. Tiene una legislación y una norma que cumplir, y este Congreso tiene las facultades para solicitar la información, como las tiene la Defensoría de la Niñez«, aseveró.
«Eso motiva esta presentación a Contraloría, que finalmente tiene que hacer cumplir la ley, fiscalizando como corresponde y no limitando este tema sencillamente a las ganas o no ganas que tenga el ministro Rabat de responder frente a la ciudadanía y a la opinión pública» sobre las rebajas de penas, explicó Parra.
Por su parte, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio (FA), Emilia Schneider, aseguró que “no vamos a descansar hasta que este gobierno, hasta que el Estado de Chile le dé una respuesta a esas víctimas”, afirmó que el Gobierno, «en los hechos, lo que está haciendo es una estrategia” y lo instó a presentar “una propuesta clara para revertir esta situación”.
La presidenta de la colectividad, la diputada Gael Yeomans, recalcó que “para poder proteger a las víctimas, primero las víctimas tienen que saber que su acosador, que su agresor sexual anda dando vueltas por las calles, y esa es la información que estamos requiriendo una y otra vez».
«UNA ESTRATEGIA DILATORIA»
Según el diputado Marcos Barraza, subjefe del Comité PC e Independientes, “la presencia del ministro Rabat en el Congreso es perturbadora para el sistema político y para la ciudadanía. Perturba que una persona que ha sido responsable de la liberación de 56 violadores sexuales siga intentando legislar como si nada hubiese pasado”.
“Lo que está haciendo el gobierno es una estrategia dilatoria, consciente, planificada y deliberada por no entregar información de manera de diluir las responsabilidades políticas y jurídicas del Ministro Rabat”, acusó.
El jefe de bancada del Partido Liberal (PL), Luis Malla, cuestionó que «he escuchado a muchas personas decir que el presidente no sabía sobre los decretos. Yo no creo que no supiera y, cuando dijo que se enteró, tampoco hizo nada sobre los decretos».
El parlamentario envió «un mensaje para el presidente Kast, que prefirió arrancar a España en medio de la crisis. Le digo: póngase del lado de las víctimas, incluso como lo han hecho muchos de su sector político”.
