Una serie de irregularidades administrativas, financieras y éticas detectó la Contraloría General de la República al auditar los gastos y transferencias realizados entre enero y septiembre de 2024 por los Gobiernos Regionales (GORE) de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.
El objetivo de la fiscalización fue verificar que los fondos públicos se utilizaran conforme a la normativa vigente, sin fines políticos ni personales. Sin embargo, los resultados evidenciaron un amplio abanico de deficiencias: contrataciones sin respaldo, uso de recursos para campañas electorales y transferencias millonarias sin rendición.
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REGIÓN METROPOLITANA
En el GORE Metropolitano, encabezado por Claudio Orrego, la Contraloría advirtió un pago de $31.366.179 por un servicio de asesoría que debía enfocarse en coaching institucional. No obstante, las 52 sesiones realizadas abordaron en buena parte temas ligados a la contingencia política y al proceso de reelección del gobernador.
“Se verificó que en estos no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo… sino que más bien aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional”, señala el informe N° 873 de la Contraloría.
La entidad fiscalizadora instruyó un procedimiento disciplinario y remitió los antecedentes al Ministerio Público. Además, detectó adquisiciones por trato directo por más de $51 millones sin cumplir con las exigencias legales, y contrataciones sin justificación a las firmas IDOM y AJEM por más de $150 millones en total.
REGIÓN DE TARAPACÁ
En la región de Tarapacá, liderada por José Miguel Carvajal, el informe evidenció deficiencias en el control financiero, con transferencias pendientes de rendición y contrataciones a honorarios improcedentes por más de $7 millones.
La Contraloría también identificó que “se detectó el mal uso de las redes institucionales del GORE para potenciar la red personal de candidatos en tiempo de elección”, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo.
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
En Antofagasta, bajo la gestión de Ricardo Díaz, el organismo detectó un saldo sin rendir de $4.202 millones correspondiente a transferencias realizadas a instituciones privadas. El GORE tampoco habría tomado medidas para exigir rendiciones de fondos que datan desde 2021.
Al cierre del tercer trimestre de 2024, el monto total observado o rechazado ascendía a $4.856 millones. A esto se suman irregularidades en bitácoras de vehículos fiscales y contrataciones por tareas propias de la administración sin respaldo normativo.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
El GORE de La Araucanía, liderado por René Saffirio, contrató por trato directo a Ananda Comunicaciones SpA por $49.980.000 para realizar una asesoría digital que incluía una evaluación ciudadana sobre el gobernador, situación que “no se ajusta al principio de probidad”, según la Contraloría.
También se cuestionó la contratación de servicios de transporte por casi $70 millones sin justificar el valor, y la contratación de una firma de abogados que sólo entregó uno de cuatro informes comprometidos, sin que se aplicaran multas por incumplimiento.
REGIÓN DE LOS RÍOS
El GORE de Los Ríos, encabezado por Luis Cuvertino, mantiene $8.651 millones sin rendición de cuentas desde años anteriores, incluso con registros que datan desde 2015. A esto se suma un saldo adicional de $7.940 millones por anticipos no rendidos.
La auditoría también identificó viáticos por más de $5 millones pagados a funcionarios por labores regulares, y uso indebido de vehículos fiscales. Por ello, la Contraloría ordenó iniciar sumarios administrativos para aclarar responsabilidades.
REGIÓN DE MAGALLANES
En Magallanes, la fiscalización detectó que algunos prestadores de servicios a honorarios se dedicaban a labores de difusión y manejo de redes sociales personales del gobernador regional, contraviniendo el uso institucional de los recursos.
Se suman contrataciones con informes vagos y sin detalle, y el incumplimiento de cuotas de combustible para el vehículo oficial del gobernador por más de cinco meses. “La entidad deberá implementar las acciones necesarias a fin de que la difusión se encuentren centradas en las actividades de la entidad y no de la autoridad de forma individual”, advirtió la Contraloría.
