La ofensiva israelí en Gaza resuena con fuerza en España, donde el gobierno, los parlamentos, las ciudades y la sociedad civil impulsan medidas concretas para romper lazos con Tel Aviv. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel, vigente desde el año 2000. Paralelamente, municipios como Barcelona han vetado vínculos institucionales con entidades vinculadas al gobierno de Benjamin Netanyahu.
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Durante su reunión del 28 de mayo en Bruselas —coincidente con el aniversario del reconocimiento diplomático de Palestina por parte de España— Sánchez pidió a la Unión Europea detener la “invasión ilegal sobre Gaza” y aplicar sanciones. “Frente a la barbarie, Europa no puede callar”, escribió luego en la red social X, acompañando una imagen con Von der Leyen.
EMBARGO DE ARMAS Y DESCONEXIÓN TECNOLÓGICA
España también avanza en medidas legislativas. El Congreso de los Diputados tramita una reforma a la Ley 53/2007, que permitiría imponer un embargo total de armas a Estados investigados por crímenes de lesa humanidad por tribunales reconocidos, como la Corte Internacional de Justicia en el caso de Israel. Aunque la derecha —PP y Vox— rechaza la iniciativa, el oficialismo cuenta con mayoría.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior asegura que el país aplica un embargo de facto desde octubre de 2023: se suspendieron nuevas licencias de exportación y se bloquearon operaciones autorizadas con material ofensivo. Sin embargo, el Centro Delàs contradice esa versión y sostiene que España exportó 88 envíos de armas a Israel por más de 5 millones de euros desde entonces.
En paralelo, el Ministerio de Defensa canceló contratos millonarios con empresas israelíes, incluyendo uno por 287 millones de euros para misiles Spike LR2. Además, ha lanzado un plan de “desconexión tecnológica” con el objetivo de eliminar toda dependencia en materia de ciberseguridad.
BARCELONA, NAVARRA Y LA PRESIÓN LOCAL
A nivel local, varias regiones han actuado por cuenta propia. El Ayuntamiento de Barcelona rompió relaciones institucionales con Israel y Tel Aviv, y pidió a la Fira de Barcelona excluir a empresas vinculadas con el conflicto. En Navarra, el Gobierno regional y los municipios de Pamplona y Burladas condicionaron su participación en el campeonato europeo de sóftbol femenino al veto de la selección israelí.
En las calles, miles de personas han salido a manifestarse en ciudades como Pamplona, Vigo, Málaga, Bilbao y Madrid, donde la Acampada por Gaza volvió a instalarse en la Ciudad Universitaria. El movimiento juvenil exige un embargo inmediato de armas por decreto presidencial.
SÁNCHEZ DESAFÍA EL CONSENSO EUROPEO
La tensión también se ha trasladado al mundo cultural. En Eurovisión, la radiotelevisión pública RTVE mostró antes de la semifinal un mensaje en pantalla: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina”. La Unión Europea de Radiodifusión advirtió sobre sanciones, pero descartó finalmente abrir un expediente.
España ha marcado distancia del discurso mayoritario en Europa. A inicios de 2024, Sánchez emprendió una gira por el continente para promover el reconocimiento del Estado palestino. Irlanda y Noruega se sumaron a la iniciativa, mientras que Francia, Alemania e Italia se mantuvieron al margen.
Más tarde, España sancionó a 13 colonos israelíes violentos en Cisjordania, congelando sus activos y prohibiéndoles la entrada al país.
La postura española ha influido incluso en Francia. El presidente Emmanuel Macron, que en un principio prohibió las manifestaciones propalestinas, hoy defiende el reconocimiento del Estado palestino y ha firmado, junto a Reino Unido y Canadá, una declaración contra la “violencia desproporcionada” de Israel. Poco después, Londres canceló negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Tel Aviv.
EUROPA EVALÚA EL FUTURO DEL ACUERDO CON ISRAEL
La revisión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel ha llegado oficialmente a la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores, tras una propuesta presentada por Países Bajos el 20 de mayo. La Comisión Europea confirmó que existe una “mayoría fuerte” para revisar el artículo dos del tratado, que obliga al respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, una modificación parcial requiere el respaldo del 65 % de la población europea representada en el Consejo. Y un embargo total exige unanimidad, algo difícil de lograr ante la oposición de gobiernos como los de Italia, Alemania o Hungría.
Así, mientras España sigue encabezando la presión diplomática, política y social contra Netanyahu, el resto de Europa empieza a reaccionar, aunque con reticencias. La próxima batalla será en Bruselas.
▶️ El presidente del Gobierno de España, @sanchezcastejon, pidió a #Israel a que detenga «de inmediato» la operación militar para ocupar la Franja de #Gaza y pidió a los socialdemócratas alzarse contra Israel: «La situación en Gaza es inaceptable, no nos vamos a callar».… pic.twitter.com/vsbM4krkV8
— La Jornada (@lajornadaonline) May 24, 2025
