La ofensiva fiscalizadora por las más de 25.000 licencias médicas cuestionadas en el sector público, reveladas por la Contraloría General de la República, ha escalado rápidamente.
En respuesta a estos antecedentes, diputados de oposición, encabezados por Johannes Kaiser, han enviado 449 oficios de fiscalización dirigidos a subsecretarías, ministerios, municipios y otras entidades públicas, solicitando información sobre los eventuales responsables y los sumarios iniciados.
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Según el ente contralor, entre 2023 y 2024 al menos 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, lo que ha generado una fuerte reacción política.
Kaiser, quien además es precandidato presidencial por el Partido Libertario, aseguró que esta situación constituye “corrupción encubierta” y que “no vamos a permitir que se normalice el ausentismo injustificado”.
UDI APUNTA A JARA
La bancada de la UDI también se sumó a las acciones. Diputados como Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez y Felipe Donoso han apuntado especialmente al Ministerio del Trabajo, donde se concentra la mayor cantidad de casos.
De acuerdo con la respuesta entregada a los oficios, se detectaron 595 licencias irregulares asociadas a 194 funcionarios, aunque solo se iniciaron sumarios contra 188. Las autoridades ministeriales explicaron que en algunos casos no fue posible proceder por fallecimiento o desvinculaciones previas.
La exministra del Trabajo, Jeannette Jara, actual precandidata presidencial del PC, ha sido directamente aludida por los legisladores de la UDI, quienes cuestionan la falta de fiscalización durante su gestión. “En las narices de la ministra Jara se iban de paseo militantes comunistas mientras estaban con licencia”, criticó Alessandri.
Las respuestas de las reparticiones públicas han sido dispares. Mientras el Ministerio del Trabajo optó por entregar un informe detallado y centralizado —aunque protegiendo la identidad de los implicados—, otros organismos, como el Ministerio de las Culturas y la Subsecretaría del Patrimonio, se ampararon en normas de secreto del Estatuto Administrativo para no entregar antecedentes específicos.
REFORMAS EN CURSO
Paralelamente, Renovación Nacional ha optado por una vía legislativa, presentando un paquete de reformas para endurecer la fiscalización.
Entre las medidas propuestas destaca otorgar mayores atribuciones a la Contraloría, permitir que se inicien sumarios hasta tres meses después del cese de funciones, y habilitar el acceso a datos de vuelos y buses para detectar posibles fraudes.
En el Congreso también se iniciaron procesos internos. El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), reveló que se han detectado cerca de 20 casos similares entre funcionarios de la Cámara Alta, pese a que la Contraloría no tiene tuición sobre el Poder Legislativo.
Además, se encuentra en trámite la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que buscará esclarecer responsabilidades políticas y administrativas.
