La Defensora Nacional, Verónica Encina, se refirió este lunes a los riesgos que representan las filtraciones de antecedentes investigativos, particularmente para los imputados que aún no han sido juzgados.
Tras exponer en la Comisión de Constitución del Senado, la jefa de la Defensoría Penal Pública enfatizó que “las filtraciones, en general, a quienes más perjudica, es a los imputados”, dado que estas personas gozan de la presunción de inocencia y su derecho al debido proceso puede verse seriamente amenazado por la exposición mediática.
Encina intervino en el marco del debate del proyecto de ley que busca reforzar la reserva investigativa y sancionar penalmente a quienes filtren información de causas en curso.
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La iniciativa, discutida en la comisión que preside la senadora Paulina Núñez, ha generado preocupación entre actores del sistema judicial y organizaciones de prensa, en especial por el alcance que puedan tener las nuevas sanciones.
En su intervención, la defensora aclaró que no existe evidencia concluyente sobre quiénes son los responsables de las filtraciones: “No sabemos si son realmente los querellantes quienes han producido las filtraciones a la prensa. No hay estudios ni cifras claras por parte de la Fiscalía que respalden esas afirmaciones”, dijo.
Además, recalcó que, si bien las filtraciones deben sancionarse, se debe tener especial cuidado en no limitar la labor del periodismo ni el derecho a la información de la ciudadanía.
“Lo que hicimos ver en la comisión es que debe sancionarse efectivamente a quien vulnera la reserva de la carpeta, pero no a los periodistas. Eso sería inconstitucional”, señaló.
Encina también llamó al Ministerio Público a transparentar las cifras sobre las investigaciones abiertas por violación de secreto en las carpetas. “Si no se ha perseguido a nadie hasta ahora, nada asegura que eso cambie con esta ley”, advirtió.
La abogada cerró su intervención insistiendo en que el foco del proyecto debe estar en determinar y sancionar al verdadero responsable de la filtración, sin restringir derechos fundamentales como el acceso a la información y el ejercicio de la defensa.
