El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó que existiera una relación de subcontratación entre el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana (RM) y seis exfuncionarios del programa «Quédate», de la Fundación ProCultura, que interpusieron una demanda por más de $13 millones tras ser despedidos en noviembre de 2023.
Esto representa un alivio judicial para el gobernador Claudio Orrego en medio de las indagatorias por el caso Procultura y el informe de Contraloría que dio cuenta de asesorías presuntamente ligadas a su campaña.
Según el fallo, no se configura un régimen de subcontratación y descarta que el GORE sea “empresa principal” conforme al artículo 183-A del Código del Trabajo.
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A juicio del tribunal, el convenio entre ambas entidades fue de transferencia de fondos públicos y no implicó encargo de obras o servicios directos ni subordinación o beneficio para el gobierno regional. Con ello, el GORE fue liberado de responsabilidad solidaria o subsidiaria por las deudas laborales impagas.
«DESPIDOS IMPROCEDENTES»
Si bien el tribunal no acogió la demanda contra el GORE RM, si lo hizo parcialmente en aquellas contra ProCultura y condenó a la institución a pagar indemnizaciones, cotizaciones y feriados legales a cinco de los seis demandantes.
Todos los exfuncionarios de “Quédate”, programa orientado a la prevención del suicidio en la RM, fueron despedidos por “necesidades de la empresa”, pero como no se cumplieron las formalidades legales el tribunal calificó los despidos como improcedentes.
Además, de acuerdo con el tribunal, los finiquitos electrónicos firmados “con reserva de derechos” no se acompañaron de pago alguno ni de certificados que acreditaran cotizaciones previsionales.
Las indemnizaciones alcanzan a $13.292.889 en total.
