El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve presentó un recurso de protección en contra del Gobierno y de la contralora general de la república, Dorothy Pérez, para que se declare ilegal el sumario administrativo que le abrió el órgano contralor y que le atribuyó siete cargos.
A juicio de su defensa, la indagatoria en su contra es ilegal, pues se realizó cuando él ya había renunciado a su cargo en La Moneda tras la denuncia de violación que presentó una subalterna.
Esos actos son “ilegales y arbitrarios, carecen de una adecuada motivación, y se adoptaron estando cursada mi renuncia”, establece el escrito presentado por la exautoridad.
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Argumenta que se vulneran sus derechos a igualdad ante la ley, a defensa y a no ser juzgado por comisiones especiales.
De acuerdo con el relato de Monsalve que reproduce La Tercera, él se enteró, ya preso en Capitán Yáber, de la existencia de esta indagatoria administrativa.
“Con fecha 17 de octubre de 2024, siendo las 14:15 horas, por escrito, presenté a S.E. Presidente de la República mi renuncia al cargo de subsecretario del Interior, la que fue aceptada y cursada con esta misma fecha. Hago presente a SS. Ilma. que el día 16 de octubre me encontraba con permiso por hacer uso de día administrativo, siendo subrogado en el cargo por la funcionaria Vanessa Marimon Fuentes, luego de lo cual reasumo mis funciones el 17 de octubre, por lo cual asisto al trámite de Ley de Presupuestos, en el Congreso Nacional”, explica.
«YA NO ERA FUNCIONARIO PÚBLICO»
Luego agrega que “al haberse cursado mi renuncia el mismo día en que aparece tramitado el acto administrativo que dio origen al sumario (pese a tener antedatado el día 16 de octubre de 2024), significa que el sumario administrativo carecería de competencia material, siendo la tramitación la propia de una comisión especial».
Por lo tanto, recalca, el sumario de Contraloría se abrió cuando él ya no era funcionario público.
La indagatoria llegó a manos del órgano fiscalizador por petición de la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando se estableció que el gobierno no era capaz de llevar adelante el proceso sancionatorio.
«CARECE DE COMPETENCIA»
Por lo tanto, sostiene Monsalve, “el inicio del sumario por parte de la Contraloría corresponde a un acto administrativo nuevo y no una continuidad -pese a la narrativa de la Resolución Exenta-, ya que no existe dependencia jerárquica entre el ministerio del interior y la Contraloría, y este último organismo resolvió en el marco de su autonomía el inicio de un sumario, lo cual queda claro en la resolución 2077 del 23 de octubre”.
“En tales condiciones, el procedimiento disciplinario carece de competencia material y resulta lesivo a las normas elementales de un debido proceso, quebrantando el principio de igualdad, legalidad y la garantía de prohibición de juicos ad hoc, pues se ha instruido un sumario, no obstante, la renuncia al cargo y la extinción de la responsabilidad administrativa”, afirma.
El exsubsecretario arriesga con este sumario no poder trabajar en la administración pública por el plazo que la Contraloría estime al finalizar el proceso.
