Las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales instalaron una controversia en el debut de Gonzalo Arenas como vocero de gobierno. Mientras el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno calificó de “malintencionada” la información difundida, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que su cartera actuó conforme a resoluciones judiciales.
Según publicó La Tercera, el caso fue revelado por Interferencia y confirmado posteriormente por Rabat. Las rebajas de condena beneficiaron a personas condenadas por abuso sexual y violación de menores de edad.
Desde el Congreso, el titular de Justicia explicó que las decisiones del ministerio respondieron a la doctrina establecida por la Corte Suprema al resolver recursos de amparo.
JUSTICIA VINCULA LAS REBAJAS CON FALLOS JUDICIALES
Rabat señaló que una modificación legal de 2022 prohibió estos beneficios para quienes cometen dichos delitos. Según su explicación, la Corte Suprema acogió recursos de personas cuyas solicitudes habían sido rechazadas y estableció el criterio que posteriormente aplicó el ministerio.
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La autoridad aseguró que las resoluciones administrativas citan los fallos correspondientes y defendió la obligación de materializar las decisiones judiciales.
“Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”, afirmó.
Consultado sobre si el Ejecutivo comparte ese criterio, Rabat evitó pronunciarse: “El gobierno no comenta los fallos judiciales”.
ARENAS DEFIENDE EL PROCEDIMIENTO Y CUESTIONA LA COBERTURA
En su primera intervención como vocero, Arenas rechazó que las rebajas respondieran a una voluntad del Ejecutivo de perdonar a condenados por delitos sexuales.
El subsecretario sostuvo que se trata de un procedimiento regulado por ley y que las autoridades deben ajustarse a sus disposiciones. En ese contexto, cuestionó la cobertura por considerar que atribuía una intención discrecional al gobierno.
“No somos un gobierno arbitrario, somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara”, manifestó.
Ante la posibilidad de que Rabat sea citado o interpelado en la Cámara de Diputados, Arenas aseguró que Justicia dispone de los antecedentes individuales de los beneficiados, incluidos sus nombres y delitos.
El vocero cerró su defensa afirmando que el ministerio “no tiene nada que ocultar” y calificó el procedimiento como “impecable”.
