La defensa de Daniel Andrade, uno de los imputados por el caso Democracia Viva, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta que reabra la investigación.
Según la expareja de la desaforada diputada Catalina Pérez, el Ministerio Público carece de antecedentes concretos para acusarlo por tres delitos de fraude al Fisco en el marco de los convenios que suscribió la fundación con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Recordemos que hace unos días el fiscal Cristián Aguilar presentó formalmente la acusación en contra suya y de los otros tres imputados en el caso y pidió una pena de 10 años de cárcel para cada uno.
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El tribunal ya fijó audiencia de preparación de juicio oral.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
“Esta solicitud se funda en que, con fecha 12 de agosto de 2025, el Ministerio Público procedió a reformalizar al señor Andrade, adicionando nuevos hechos a la imputación, entre ellos la presunta suscripción de un contrato de arrendamiento falso entre la Fundación Democracia Viva y la propietaria de un inmueble en la comuna de Ñuñoa», planteó la defensa de Andrade en su solicitud de reapertura de la investigación.
«Este contrato, según el Ministerio Público, habría sido utilizado para justificar falsamente un domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y así realizar el trámite de inicio de actividades de la Fundación Democracia Viva con el objeto de acceder a fondos fiscales del Programa de Apoyo a Proyectos”, agregó.
De acuerdo con la argumentación de los defesores, son imputaciones “absolutamente superficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio”, por lo que solicitan se realicen nuevas diligencias para así “demostrar que aquello que se afirma de forma tan ligera en la reformalización no se ajusta a la verdad de los hechos”.
La defensa, compuesta por los abogados Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto reafirmó la inocencia de Daniel Andrade y calificó los cargos del Ministerio Público como «carentes de sustento fáctico y jurídico», por lo que»resulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos».
