El pasado sábado 23 de septiembre, se dio a conocer que la brigada de Delitos de Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), vinculó a Catalina Pérez, con posible tráfico de influencias. Lo anterior en el marco de investigaciones sobre el caso de Democracia Viva.
Entre los pasillos del Congreso Nacional, la diputada respondió a un grupo de periodistas que: «Mi abogado ya ha dado nuestra opinión sobre el tema y yo la verdad no tengo nada más que agregar».
«El informe de la PDI no aporta absolutamente ningún antecedente nuevo sobre mi persona. Estoy tranquila, no interferí de ninguna manera en la firma de los convenios. El llamado es a no prejuzgar y a dejar que las instituciones funcionen», concluyó
QUÉ DIJO SU ABOGADO
El abogado de la parlamentaria, Gonzalo Medina, negó «cualquier acusación infundada por tráfico de influencias», señalando además que no implica un «nuevo antecedente».
«Tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo», agregó Medina.
«El informe en concreto no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada», enfatizó el jurista. Luego aclaró que «la diputada Pérez no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha».
