Un nuevo actor se suma a la denominada “Trama de la Muñeca Bielorrusa”:el abogado y ex defensor nacional penal público Carlos Mora Jano, quien tomó las representaciones de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y del exfiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra, ambos imputados de eventuales delitos graves en el ejercicio de sus cargos, tras las pesquisas al celular del abogado Luis Hermosilla.
El penalista ya hizo su primera jugada en esta defensa doble: Pidió esta mañana a primera hora hacer uso del derecho “a suspensión” que le otorga la ley ante la fijación de la audiencia para este miércoles 3 de diciembre en la tabla ordinaria de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tribunal de alzada capitalino, presidido por el ministro Guillermo De La Barra, fue informado de la petición y se acogió, ya que es una formalidad, previo pago de “un arancel” fijado anualmente por la Corte. Pero además traía un ingrediente extra.
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Además de Vivanco, Carlos Mora Jano también será el defensor del exfiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra, a quien se le solicitó también una querella de capítulos por la fiscalía regional de Arica y Parinacota con el fin de «hacer efectiva su responsabilidad penal por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa».
La querella de capítulos es un procedimiento previo o antejuicio que busca obtener del tribunal competente la autorización para proceder en contra de jueces (Vivanco) o fiscales (Guerra), para hacer efectiva su responsabilidad penal por actos ilegales que hubieren planificado, ordenado o ejecutado en el ejercicio de sus funciones ministeriales.
La querella contra Guerra se presentó a fines de octubre y recién la semana pasada se fijó también para el mismo miércoles 3 de diciembre, pero en la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino.
DEFENSA DE VIVANCO ORGANIZA PRUEBAS
EstaPasando supo que este fin de semana se realizaron varias reuniones entre Mora y Vivanco para tomar la decisión de suspender la vista de la causa de este miércoles 3 de diciembre, pero también para organizar los argumentos que buscan refutar los asertos incriminadores que traerá la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, en su contra.
Recordemos que la semana pasada el Ministerio Público ingresó ante la Corte una ampliación de hechos y cargos al libelo.
Los nuevos hechos anexados son los antecedentes recogidos del informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema que terminó con Vivanco expulsada a finales del año pasado.
En el escrito se agregó el presunto pago de US$ 15.600 en favor de la exjueza dado a conocer en la formalización de su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, pero que no fue incluido en la primera presentación.
Ahí se apunta que el 4 de julio de 2023, según la Fiscalía, tras dar un voto favorable en favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM) y en contra de Codelco, la entonces ministra Vivanco habría concurrido a la oficina de Lagos y Vargas, quienes representaban a CBM, para recibir el pago, lo que se basó en informes de georreferenciación de Carabineros.
La exjueza ha dicho que nunca ha ido a la oficina ubicada en El Regidor 66 y que la georreferenciación que la ubica en ese perímetro se debe a que asistía regularmente, y más de una vez a la semana, a una peluquería a solo metros de la oficina de los abogados, detenidos desde principios de noviembre en el anexo cárcel Capitán Yaber.
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA
En la ampliación, la fiscal Wittwer plantea que “posteriormente, con fecha de 5 de julio de 2023, la exministra Vivanco concurrió con su voto a rechazar la nulidad procesal solicitada por Codelco para invalidar la vista de la apelación del recurso de protección antes referido del día 30 de junio de 2023, con infracción a sus deberes del cargo en tanto no informó su inhabilidad”.
En esa línea, sostiene que “durante la tramitación del citado recurso, la ministra Vivanco cometió una serie de infracciones a las reglas de tramitación de causas de la excelentísima Corte Suprema, todas las cuales fueron detalladas en el informe de la Comisión de Ética del supremo tribunal formado para investigar irregularidades vinculadas al actuar ministerial de la imputada”.
Además de aquello, la acción penal plantea que “el día 5 de julio de 2023, Migueles recibió de Ángela Vivanco la cantidad de US$15.600 a sabiendas de su origen ilícito por tratarse de una retribución económica a la exministra por infringir sus deberes del cargo al no inhabilitarse e intervenir en trámites de un recurso que patrocinaban sus amigos los abogados imputados Lagos y Vargas y en el cual todos tenían interés pecuniario”.
“Este dinero lo adquirió y usó el imputado Migueles con ánimo de lucro, procediendo a su venta en efectivo el mismo día 5 de julio de 2023 en la sucursal El Rodeo del Banco BCI transformándolos a moneda nacional por un total de $12.331.020″, concluye la querella.
La Fiscalía de Los Lagos píde levantar la protección ministerial a Vivanco por cuatro delitos: “cohecho por la función o en razón del cargo”; “cohecho prestacional o por actuación u omisión del cargo” y el tercero y cuarto por “cohecho propio o en contravención a los deberes del cargo simple”.
LOS CARGOS CONTRA GUERRA
Con la suspensión de la causa de Vivanco en la Primera Sala, el abogado defensor Carlos Mora ahora prepara sus argumentos contra el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, para este miércoles 3 de diciembre en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso del exfiscal Guerra.
El Ministerio Público lo acusa de revelarle a Luis Hermosilla gran parte de información de causas reservadas y que comprometían al fallecido expresidente Sebastián Piñera, como eran Exalmar, Penta, Dominga y el pedido de desafuero contra el hoy presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN).
En esta querella de capítulos también participará el Consejo de Defensa del Estado, que se sumó con cargos como soborno, cohecho y revelación de secreto desde 2016.
En octubre, el fiscal Carrera puntualizó que «con esta presentación, ahora se está a la espera que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago declare admisibles los capítulos de la acusación, y se podrá formalizar, en una audiencia pública, cargos criminales al señor Manuel Guerra Fuenzalida, así como solicitar medidas cautelares en su contra».
Para esa fecha, el persecutor complementó que «el Ministerio Público siempre actúa sobre la base del principio de objetividad y sobre la convicción en cuanto a delitos y participación, cosa que entendemos que se da en este caso».
Así las cosas, la primera parte de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago tendrá actividad de “alto vuelo” en dos de sus salas, donde además se sumará prontamente cuál será la tercera sala que revisará la querella de capítulos en contra de la exjueza Verónica Sabaj. Todas y todos, los salpicados por el “explosivo celular” de Luis Hermosilla Osorio.
