Cuando en enero el Congreso retome sus funciones después del receso de las fiestas de fin de año, el Gobierno ya va a haber ingresado la reforma constitucional que permita a Gendarmería pasar a depender directamente del ministerio de Seguridad Pública, aseguró el ministro de esa cartera, Luis Cordero.
“Es una reforma indispensable, necesaria, una necesidad hace muchísimos años en nuestro país, que han tratado de llevar a cabo muchos gobiernos y que el período que nosotros tenemos para resolver esto, como se ha conversado con las distintas bancadas, es durante el mes de enero, de modo que la próxima administración, cuando arribe, tenga este problema resuelto desde el punto de vista de la dependencia y simplemente quede la implementación”, agregó.
Lea también: CDE se querella contra 42 funcionarios de Gendarmería por corrupción en cárceles
Todo esto tomó especial relevancia tras la llamada Operación Apocalipsis que lideraron la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) y permitió la captura de 44 funcionarios de Gendarmería que operaban en una red de corrupción al interior de las cárceles, que ingresaba encomiendas con elementos prohibidos que después repartían a los internos tras el pago de sobornos.
El Presidente Gabriel Boric anució una reforma constitucional para traspasar la responsabilidad sobre la institución al ministerio de Seguridad Pública.
NO SE PIERDEN BENEFICIOS
“En las próximas dos semanas nosotros tenemos receso legislativo, el Congreso no va a funcionar ni la próxima semana ni la subsiguiente, por las festividades de final de año, pero comienza a partir de la primera semana de enero, el 4 o el 5 de enero, y para esa fecha la reforma constitucional va a estar ingresada“, detalló el ministro Cordero en entrevista con CNN Chile.
Aclaró también -frente a las inquietudes planteadas por el director de Gendarmería, Rubén Pérez, sobre posibles cambios que podría acarrear esta reforma- que “este cambio estructural no significa ninguna pérdida de beneficios ni de derechos”.
“Por el contrario, son estatutos legales. Más bien el hecho de pasar a ser una institución de orden y seguridad pública le da una connotación distinta y probablemente una dimensión de derecho algo más robusta de la que tienen en la actualidad», explicó el secreatario de Estado.
«Lo que sí tiene un efecto que es inmediato y es que las instituciones de orden y seguridad pública, de acuerdo a la ley, no pueden tener asociaciones de funcionarios ¿Lo cual es obvio, no? Usted no puede tener sindicatos con armas. Y esa es la razón, ese es uno de los impactos directos», dijo.
Cordero reiteró que “es conveniente que el próximo período legislativo y la próxima administración tengan este tema resuelto. Yo creo que es conveniente para el país, es una reforma indispensable y es conveniente también para que la próxima administración pueda iniciar su gestión en materia de seguridad pública con este tema resuelto”.
