La ratificación de sanciones gravísimas por parte de la Autoridad Marítima no solo cerró la vía administrativa del caso Bruma, sino que abrió un nuevo escenario en el plano penal. Al rechazar los recursos de reconsideración presentados por la defensa de los tripulantes del pesquero industrial El Cobra, la resolución dejó firmes castigos considerados ejemplares y fijó hechos que ahora adquieren un peso decisivo para la investigación judicial.
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La lancha artesanal Bruma desapareció el 30 de marzo frente a las costas de Coronel mientras realizaba faenas de pesca. El posterior hallazgo de restos y pertenencias consolidó la hipótesis de una colisión con una nave de mayor tamaño, antecedente que hoy queda oficialmente establecido en sede administrativa.
COLISIÓN RECONOCIDA Y OMISIÓN DE AUXILIO
Según explicó el abogado de las familias, Rafael Poblete, la resolución definitiva, fechada el 26 de diciembre y notificada el día 30, establece que durante el proceso la propia defensa reconoció la colisión entre ambas embarcaciones. Más aún, el fallo concluye que tras el impacto no se prestó la ayuda debida, configurándose una infracción al artículo 112 de la Ley de Navegación.
Ese punto es clave: la norma ordena la cancelación definitiva de la licencia del capitán cuando omite prestar auxilio tras un abordaje, sanción que la autoridad aplicó en este caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse.
LICENCIAS CANCELADAS Y SANCIONES GRAVÍSIMAS
En concreto, la resolución cancela de por vida la matrícula de patrón de pesca del capitán Roberto Mansilla, mientras que los tripulantes Macaya y Sandoval recibieron sanciones calificadas como gravísimas por su participación en la colisión del Cobra con la Bruma. La decisión no admite nuevos recursos, por lo que las sanciones quedaron firmes.
Para las familias, este cierre administrativo marca un antes y un después, ya que fija hechos que, a su juicio, no pueden volver a discutirse en otras instancias.
IMPACTO DIRECTO EN LA INVESTIGACIÓN PENAL
Poblete adelantó que solicitarán que esta resolución sea incorporada como antecedente en la audiencia de formalización prevista para marzo. El objetivo es que los imputados no enfrenten solo cargos por cuasidelito, sino también por homicidio por omisión de auxilio.
“El fallo establece que percibieron el impacto, pero se limitaron a una verificación básica y no retornaron al punto del abordaje, como exige la normativa”, sostuvo el abogado, subrayando que esa conducta es la que, según la defensa de las familias, configura el delito.
Mientras la investigación penal continúa, las familias de los pescadores desaparecidos insisten en que las responsabilidades ya establecidas en el ámbito marítimo deben traducirse ahora en sanciones penales proporcionales a la gravedad de los hechos.
