El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que ya está operando el estado de excepción dictado durante la madrugada por el Presidente Gabriel Boric para las regiones del Ñuble y Biobío a causa de los avances de los incendios forestales, a la vez que descartó que haya habido tardanza en su implementación.
El secretario de Estado lamentó «que personas exploten la desgracia de otros y por esa vía lo que hagan es que afecten la propiedad de terceros e incluso infraestructura pública».
Se refirió específicamente al caso de Penco, donde «nosotros tuvimos una intención de un saqueo al hospital, cosa que no sucedió por la intervención policial. En el segundo caso si tenemos un Cesfam afectado en Linquén».
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En ese sentido, aseveró en entrevista con Chilevisión, que «es clave ya la dictación del estado de excepción, es clave que en este momento ya se encuentre a cargo el jefe de la Defensa Nacional en ambas regiones, y en consecuencia, todas las medidas, primero asociadas a la integración para el combate, pero en segundo lugar, para resguardar infraestructura y seguridad, están siendo adoptadas durante el día».
DESPLIEGUE MILITAR
Respecto de los tiempos, Cordero aclaró que «desde que el Presidente de la República ordenó la declaración de estado de excepción se tienen que elaborar los documentos, pero sobre todo a partir de ese momento comienza el despliegue militar».
«El despliegue militar requiere, entre otras cosas, también la programación en qué va a consistir ese despliegue. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, tan pronto el Presidente de la República da la instrucción, comenzó con los mecanismos para desplegarse tempranamente como ha sucedido el día de hoy», agregó el ministro.
“El estado de excepción constitucional para estos efectos es relevante para restringir libertades públicas, particularmente la libertad de tránsito; no afecta el despliegue militar que se ha hecho con anterioridad, al igual que el despliegue policial. El Presidente, esto fue en la madrugada, se elaboraron los documentos, se cubrieron muy tempranamente y se enviaron a Contraloría. Yo creo que en alrededor de menos de seis horas, entre la decisión del Presidente y la toma de razón transcurrió ese periodo”, agregó Cordero.
