Organizaciones de pacientes y autoridades advirtieron las graves consecuencias de la suspensión indefinida del proceso 2025 de actualización de la Ley Ricarte Soto. Esto, debido a que mantiene detenida la evaluación de 39 tratamientos de alto costo desde el 23 de diciembre de 2025.
La paralización, atribuida a la falta del informe presupuestario obligatorio del Ministerio de Hacienda (DIPRES), afecta a más de 45 mil beneficiarios actuales y a miles de potenciales nuevos pacientes. A ello se suma que la situación genera incertidumbre, deterioro en la calidad de vida y debilita una política pública clave en salud.
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ACTUALIZACIÓN DE LA LEY RICARTE SOTO
Natalia González, presidenta de Fundación Espondiloartritis Chile, diagnosticada hace 12 años y actualmente financiando su tratamiento biológico con recursos propios, advirtió en un comunicado que la falta de cobertura está empujando a muchos pacientes hacia la discapacidad temprana.
«No estamos pidiendo favores, solo igualdad en el acceso a medicamentos para poder seguir trabajando, estudiando y aportando al país», señaló. Lo anterior, destacando además el alto costo emocional, familiar y económico que enfrentan.
Cristóbal Salazar, director de Fundación Padece, indicó que «sabemos que existen medicamentos que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero seguimos sin respuestas. Sin ellos, vivir el día a día como una persona normal es extremadamente difícil».
Por su parte, Cecilia Rodríguez, directora Fundación Me Muevo (Artritis Reumatoide), alertó que la detención de decretos y el incumplimiento de los plazos administrativos están afectando no solo la salud física, sino también la salud mental de los pacientes.
Finalmente, el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, calificó la situación como grave e inaceptable, señalando que la falta de acción del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos está dejando a decenas de miles de pacientes en el abandono.
«Como médico y parlamentario, me duele profundamente que el Estado no esté respondiendo a quienes más lo necesitan. Por eso hemos solicitado a la Contraloría General de la República que fiscalice la legalidad de esta suspensión indefinida y exigimos la disponibilidad urgente de recursos para evitar que la Ley Ricarte Soto muera en la práctica», concluyó.
