Desde las 11.30 horas de este lunes se llevó a cabo el control de detención y audiencia de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y hoy, en la segunda jornada, apareció con la chaqueta amarilla que usan los imputados.
Cabe recordar que, durante la noche del domingo la exmagistrada fue detenida por el OS7 de Carabineros en su domicilio en Las Condes, en el marco de la investigación por el denominado caso «Muñeca Bielorrusa».
La orden de detención se dio luego de que el viernes pasado el máximo tribunal acogiera la querella de capítulos contra la exministra y rechazara la apelación presentada por Vivanco contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.
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CAUTELAR DE GARANTÍA
En la audiencia, ante el 7mo Juzgado de Garantía, que buscaba efectuar el control de detención y la formalización de la exministra Ángela Vivanco, el abogado defensor, Jorge Valladares, en la oportunidad de efectuar el control de detención presentó una «cautela de garantías». Esta se basaba en la edad de la inculpada, una adulta mayor de 60 años. Además, aseguró que la imputada siempre ha estado llana a comparecer ante el tribunal sin necesidad de ser detenida.
Por su parte, la fiscalía señaló la orden de detención, su oportunidad así como la legalidad de la detención. Solicitó el rechazo de la cautelar por no ser la herramienta para cuestionar la orden de aprehensión. También recordó que parecía extraño que haya pedido presentarse ante el Ministerio Público. Ello, porque ya había pedido ir a declarar y, a pesar de dársele distintas fechas, nunca se presentó y, al final declinó hacerlo.
Los demás querellantes e intervinientes ratificaron los dichos de la fiscalía uniéndose al rechazo de la cautelar solicitada. Alegaron entre otras cosas que la cautelar solicitada no es la herramienta procesal para reclamar contra la detención. El mayor énfasis siempre y, de manera unánime, estuvo en que las imputaciones conllevan penas de crimen.
NUEVO INTENTO DE SUSPENDER
Ante ello, la defensa centró su alegación en que, como abogado, recién había ingresado el patrocinio y poder, por lo que no había tenido acceso a la carpeta investigativa. Ello provocaría indefensión de su defendida.
El tribunal determinó, tras escuchar a las partes, que las cuestiones alegadas por la defensa no eran procedentes, tanto de la forma como en el fondo. Procedió en consecuencia a rechazarlas en todas sus partes, ordenando seguir adelante con el control de detención.
Tampoco aceptó ampliar el plazo para que el defensor se informe de la carpeta investigativa, suspendiendo la audiencia. Resolvió en cambio dar curso a la formalización. Luego, tras la determinación de cautelares, podría darse tiempo prudente para informarse, tanto por lo que se exponga en la formalización como en la solicitud de medidas cautelares. De hecho, este miércoles, tras los alegatos de los otros querellantes, la defensa podrá disponer del miércoles para estudiar la causa y, exponer sus argumentos el jueves. El viernes se dictarían por el tribunal las medidas cautelares que afectarán a Vivanco.
LA FORMALIZACIÓN
La Fiscalía formalizó a Ángela Vivanco por los delitos de cohecho y lavado de activos. Ambos cargos se sustentan en los mismos hechos ya conocidos en la causa.
El Ministerio Público utilizó la misma base fáctica y jurídica de la querella de capitulación. Esa base fue previamente declarada admisible por la Corte Suprema. A pesar de existir otros antecedentes, como la confesión del abogado Lagos que reconoce el cohecho, aunque luego no la quiso firmar, estos no se usaron en esta etapa.
En consecuencia, la Fiscalía no introdujo nuevos hechos. Mantuvo íntegra su teoría del caso, por las disposiciones de la querella de capítulos.
EL COHECHO
La Fiscalía imputó a Ángela Vivanco el delito de cohecho: en su calidad de exministra de la Corte Suprema. Según el Ministerio Público, la imputada habría infringido sus deberes funcionarias al intervenir en decisiones jurisdiccionales en las que debía haberse inhabilitado.
De acuerdo con la formalización, Vivanco habría conocido y resuelto causas judiciales vinculadas a intereses privados, pese a mantener vínculos con abogados intervinientes. La Fiscalía sostiene que esas actuaciones habrían generado beneficios económicos indebidos, directos o indirectos.
El ente persecutor afirma que la conducta imputada no se limita a una infracción administrativa o ética. A su juicio, los hechos configuran un delito funcionario sancionado penalmente, dada la gravedad del cargo ejercido y la afectación a la fe pública.
LAVADO DE ACTIVOS
Junto al cohecho, la Fiscalía formalizó a Vivanco por el delito de lavado de activos. Este cargo se funda en la presunta incorporación al sistema financiero de dineros cuyo origen estarían vinculados a los hechos de cohecho imputados.
Según el Ministerio Público, la imputada habría realizado operaciones destinadas a ocultar o disimular el origen ilícito de esos fondos. La Fiscalía sostiene que existirían movimientos patrimoniales que no se explicarían por ingresos lícitos conocidos.
El persecutor indicó que el lavado de activos se configura como un delito autónomo. Sin embargo, en este caso se vincula directamente con el delito base de cohecho, utilizando el mismo núcleo fáctico ya expuesto en la querella de capítulos.
HECHOS ACOTADOS
Ambos cargos se sustentan en los mismos hechos y fundamentos jurídicos utilizados en el juicio de capitulación ante la Corte Suprema. La Fiscalía no introdujo nuevos episodios ni amplió la teoría del caso en esta etapa procesal.
Como se diera a conocer, el pasado 6 de enero el abogado formalizado y en prisión preventiva por este caso, Eduardo Lagos, confesó. Reconoció pagos para obtener de Vivanco resoluciones judiciales que favorecieran a la empresa bielorrusa que representaba.
Sin embargo, en esta sede judicial e instante procesal, el Ministerio Público no hozo valer estos antecedentes, reservándolos para una ampliación de la formalización más adelante.
Por ahora, sostuvo que esa continuidad de los ya expuestos, permite fundar tanto la formalización como la solicitud de medidas cautelares gravosas. A su juicio, el estándar de gravedad ya fue superado en sede de antejuicio.
CAUTELARES
Tras la formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de la imputada. Fundó la petición en la gravedad de los delitos y las penas asociadas. El persecutor, Marcos Muñoz, argumentó peligro para la seguridad de la sociedad. También invocó la entidad de los antecedentes ya expuestos.
La solicitud marca el punto más alto del debate cautelar en la audiencia.
La Fiscalía sostuvo que la formalización y la cautelar descansan sobre un mismo piso jurídico. Ese piso fue validado previamente en sede de antejuicio.
Según el Ministerio Público, esa continuidad refuerza la coherencia investigativa. También justifica la intensidad de la cautelar solicitada.
Este punto será clave en la resolución del tribunal.
«CAPITÁN YÁBER» FEMENINA
A continuación comenzó la discusión de la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público.
Pero faltando poco para las 16 horas el juez Cristián Sánchez decidió dar por terminada la audiencia y amplió la detención de Vivanco, dejándola en «tránsito» a cargo de Gendarmería. Fue trasladada al Centro de Detención Femenina de San Joaquín. Se le autorizó a entrar remedios y ropa.
Se trata de un nuevo anexo habilitado en el recinto penal, totalmente aislado del resto de las dependencias. Se le define como una suerte de Capitán Yáber para mujeres, destinadas para imputadas de alta connotación pública y donde Vivanco estará sola, pues hasta el momento no hay internas que residan en dicho lugar.
La audiencia continuará hoy martes con la participación de los demás querellantes interviniente (CDE – Codelco – OTJ). Se suspenderá el miércoles para que la defensa pueda leer las 16 carpetas investigativas, y expondrá el jueves. Ese mismo día serán las réplicas y dúplicas.
La resolución del juez Sánchez se espera para el viernes.
Cualquiera sea esta, el tribunal fijará un plazo de investigación. La defensa podrá entonces preparar su estrategia de fondo.
La causa Vivanco entra en una fase decisiva. El resultado de esta audiencia tendrá efectos jurídicos y políticos relevantes.
