En la extensa formalización de la exmagistrada de la Corte Suprema Ángela Vivanco -fue su tercer día- hoy su abogado, Jorge Valladares, intentó relativizar la acusación en su contra cuestionando el rol del resto de los ministros que integraron la Tercera Sala del máximo tribunal en los fallos que favorecieron a la empresa Belaz Movitec (CBM).
Recordemos que la destituida jueza es acusada por el Ministerio Público de los delitos de cohecho y lavado de activos en resoluciones judiciales en contra de Codelco cuando presidía esa sala. Le imputa que recibió pagos irregulares de parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes de CBM y cercanos a ella.
Para el defensor, su representada enfrenta una “camotera institucional” y enfatizó que en la causa “no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso penal”.
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Afirmó también que la Fiscalía evitó imputar el delito de haber forzado a otros a dictar una sentencia injusta, ya que —a su juicio— eso haría “caer la línea de flotación de la imputación”.
Recalcó que Vivanco fue solo “un voto dentro de una sala” y que en la resolución participaron “otros cuatro ministros”.
«TORCIDA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA»
“No se atreven a hablar de torcida administración de justicia, porque, en definitiva, tendríamos que tener no uno, sino cinco ministros sentados aquí”, afirmó.
Expuso que «si uno quiere poner el conflicto en relevancia jurídico-penal, aquí lo que debería decir Codelco es que hubo torcida administración de justicia, no cohecho, porque, en definitiva, no es uno, sino que cinco ministros los que participan. Es más, tendría la complicidad del prosecretario, que tendría la complicidad de la relatora y, en general, de todos quienes, de alguna manera, tenían la obligación de denuncia».
“El cohecho, en los términos en que ha sido planteado, no es suficiente ni eficiente para provocar el acontecimiento», aseveró, porque la imputación -dijo- se basa en un supuesto incumplimiento de deberes por no declarar inhabilidad, a partir de causales de implicancia como “íntima amistad” o “interés en el resultado”.
Para Valladares, ese reproche se sitúa en normas que regulan el procedimiento judicial, lo que —a su juicio— impediría la persecución penal de ministros del máximo tribunal en ese ámbito.
