Una nueva polémica volvió a instalarse en el Ministerio de las Culturas tras conocerse la entrega de recursos públicos a un festival de contenido pornográfico, situación que reactivó los cuestionamientos desde la oposición y derivó incluso en peticiones de renuncia contra la ministra Carolina Arredondo.
El debate se centra en el uso de fondos estatales y en los criterios aplicados para su adjudicación.
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Este episodio se suma a la controversia previa generada por el Pase Cultural, que ya había tensionado a la cartera en un contexto marcado por el cambio de escenario político y la relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast.
La discusión apunta a la séptima versión del “Excéntrico Fest”, desarrollada a fines de enero y que, por segunda vez, recibió financiamiento estatal. En total, el evento obtuvo 64 millones 920 mil 700 pesos a través de fondos concursables administrados por el Estado.
APORTE FISCAL
El aporte fiscal provocó una nueva ofensiva desde la oposición, desde donde surgieron llamados directos a que la ministra Carolina Arredondo deje su cargo.
El diputado independiente Sebastián Videla cuestionó la determinación del ministerio, señalando que, cuando se trata de recursos públicos, existen áreas más urgentes que debieran concentrar la inversión estatal.
En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum acusó un uso inadecuado de dineros fiscales, afirmando que se están destinando a iniciativas que —a su juicio— no representan la cultura nacional.
Desde RN, el diputado Eduardo Durán anunció que llevarán el caso ante la Contraloría General de la República, con el objetivo de revisar los criterios utilizados en la asignación de los fondos y verificar su coherencia con los objetivos culturales del Estado.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó públicamente a la ministra Arredondo frente a las críticas y las solicitudes de renuncia, asegurando que cuenta con la plena confianza del Presidente Gabriel Boric.
Elizalde precisó además que los fondos concursables son evaluados y asignados por comités especializados, enfatizando que la decisión no depende directamente de la ministra de las Culturas.
Desde la oposición, en tanto, han planteado que en un eventual gobierno de José Antonio Kast se debería avanzar en sanciones para este tipo de iniciativas y poner fin a lo que califican como un uso irregular de recursos estatales.
