La Cámara de Diputados dio luz verde este martes al proyecto que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. La propuesta obtuvo 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones, resultado que permitió enviarla a su segundo trámite constitucional.
La iniciativa apunta a consolidar este programa como una política de Estado de carácter permanente, asegurando continuidad en su financiamiento y dotación de personal, sin depender de la administración de turno. En caso de convertirse en ley, quedará bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Entre sus disposiciones, se establece que dicha subsecretaría deberá presentar cada año un informe con los avances del plan, incluyendo el cumplimiento de metas y objetivos. También contempla la creación de un Comité de Seguimiento y Participación integrado por 13 miembros, quienes durante cuatro años tendrán la misión de asesorar y plantear observaciones al Plan Nacional de Búsqueda.
INFORME
En diciembre pasado, el Presidente Gabriel Boric, junto a autoridades del área, dio a conocer el primer informe bienal, en el que se detallaron progresos en las labores de búsqueda, la participación de familiares y medidas vinculadas a verdad y reparación.
Dentro de las acciones informadas figura la elaboración de una nómina única de víctimas de desaparición forzada, además de un mapa georreferenciado de trayectorias. Asimismo, se realizaron 157 diligencias en terreno y se creó el Archivo Nacional de la Memoria.
El plan nació como una herramienta estatal orientada a avanzar en la localización, identificación y restitución de personas víctimas de desaparición forzada entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
También busca resguardar el derecho de las familias y de la sociedad a conocer lo ocurrido, fortalecer la justicia y la memoria, y evitar que hechos de esa naturaleza vuelvan a repetirse. Ahora, la iniciativa continuará su tramitación en el Senado.
