El Ejecutivo decidió acelerar la tramitación de una iniciativa que busca sancionar penalmente el ingreso ilegal al país, reabriendo el debate sobre migración, seguridad fronteriza y el impacto en el sistema judicial.
El Gobierno ingresó urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, iniciativa que podría sancionar con penas de cárcel o multas a quienes entren al país por pasos no habilitados.
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La propuesta, presentada originalmente en 2022 por parlamentarios de Chile Vamos, se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, específicamente en la Comisión de Gobierno Interior.
Con la urgencia legislativa, el Ejecutivo busca acelerar el debate de una medida que se ha instalado como una de las principales piezas de la agenda migratoria del nuevo gobierno.
SANCIONES PENALES Y EXPULSIÓN POSTERIOR
El proyecto establece que quienes ingresen al país eludiendo controles migratorios o utilizando pasos no habilitados podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días de cárcel.
Alternativamente, la normativa contempla multas de cinco a diez UTM, lo que actualmente podría alcanzar cerca de 650 mil pesos.
Una vez cumplida la sanción penal o pagada la multa, la iniciativa establece que el extranjero deberá ser expulsado del territorio nacional.
PRESIÓN OFICIALISTA PARA DESTRABAR EL DEBATE
Desde el oficialismo y la derecha parlamentaria han criticado que el proyecto permaneciera sin avances significativos durante el gobierno anterior.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó que la iniciativa haya estado “descansando” en el Congreso debido a que no fue prioridad para la administración anterior.
En la misma línea, el senador de Renovación Nacional Andrés Longton, uno de los autores del proyecto, defendió la iniciativa y afirmó que busca equiparar el ingreso clandestino con otros delitos ya tipificados en la legislación chilena.
CRÍTICAS POR IMPACTO EN EL SISTEMA JUDICIAL
Durante la administración de Gabriel Boric, el proyecto fue objeto de críticas por parte del Ejecutivo y de sectores de la oposición, quienes advirtieron que criminalizar el ingreso irregular podría generar efectos no deseados.
Entre los argumentos planteados se mencionaron la posible sobrepoblación carcelaria, mayores cargas burocráticas y dificultades para ejecutar expulsiones.
La jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, también advirtió que la medida podría sobrecargar al Poder Judicial si el ingreso irregular pasa a ser tratado como delito penal.
Incluso algunos sectores de la derecha señalaron en su momento que la iniciativa podría terminar dificultando las expulsiones administrativas, al trasladar el procedimiento al ámbito judicial.
EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
El texto establece excepciones para personas refugiadas que ingresen directamente desde territorios donde su vida o libertad se encuentre amenazada.
La normativa también establece que los niños, niñas y adolescentes quedarán excluidos de sanciones penales bajo esta figura.
Ahora el Senado deberá discutir el proyecto con urgencia, luego de que el Ejecutivo acelerara su tramitación, en medio de un debate político que anticipa diferencias sobre el enfoque que Chile debería adoptar frente a la migración irregular.
🚨ÚLTIMAS NOTÍCIAS: O presidente do Chile, José Antonio Kast, chegou à base militar de Arica para dar início à construção da trincheira que protegerá a fronteira com o Peru da imigração ilegal, como parte do PLANO DE ESCUDO DE FRONTEIRA. pic.twitter.com/RqgkKOu05d
— Vox Liberdade (@VoxLiberdade) March 16, 2026
