Política

Deudas estudiantiles salpican a diputados y autoridades

Cristian Navarro H.

Periodista

Deudas estudiantiles
Foto: Generado con IA
Informe detecta deudas impagas en diputados y autoridades del Ejecutivo, reabriendo el debate sobre responsabilidad y transparencia en cargos públicos.

Un nuevo antecedente profundizó la controversia por las deudas universitarias impagas en el sector público: una diputada concentra la mayor morosidad por Crédito con Aval del Estado (CAE) dentro del Congreso, en un escenario que ya incluye a parlamentarios y autoridades del Ejecutivo.

La parlamentaria Claudia Reyes, del Partido Republicano, registra una deuda superior a los $30 millones, posicionándose como la principal deudora entre los ocho diputados que mantienen compromisos impagos asociados a financiamiento estatal para estudios superiores. Su caso se da a conocer en medio del llamado del Gobierno a regularizar estas obligaciones.

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El informe, basado en datos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, revela que las deudas de autoridades van desde poco más de un millón hasta cerca de 40 millones de pesos, evidenciando una situación transversal en el Congreso y el Ejecutivo.

MOROSIDAD TRANSVERSAL EN EL CONGRESO

Junto a Reyes, figuran otros diputados de distintos sectores políticos con deudas por créditos universitarios. Entre ellos, José Carlos Meza (Republicano) con cerca de $16,3 millones; Nathalie Castillo (PC) con $27,8 millones; Carolina Tello (Frente Amplio) con $12,9 millones; y Héctor Ulloa (Independiente) con alrededor de $18,6 millones. También aparecen Sara Concha (PSC), Emilia Nuyado y Francisco Crisóstomo (PS), con montos menores.

El listado confirma que la morosidad no responde a un solo sector político, sino que atraviesa distintas fuerzas representadas en el Parlamento.

GOBIERNO ENDURECE EL TONO POR DEUDAS IMPAGAS

El Presidente José Antonio Kast reforzó la presión sobre los deudores, llamándolos a ponerse al día con sus compromisos. “Que se pongan al día porque tienen que ser un ejemplo frente a la opinión pública”, sostuvo, abriendo además la posibilidad de transparentar públicamente los casos de morosidad.

El emplazamiento cobra especial relevancia frente a situaciones como la de la diputada Reyes, quien hasta ahora ha evitado referirse públicamente a su deuda.

AUTORIDADES DEL EJECUTIVO TAMBIÉN EN LA NÓMINA

El reporte también incluye a autoridades del Gobierno, como delegados presidenciales, provinciales y seremis, algunos con deudas que superan los $30 millones.

Si bien varios de los involucrados han señalado que están regularizando su situación, el caso reabre el debate sobre probidad, transparencia y el uso responsable de recursos públicos, especialmente en momentos en que el sistema de financiamiento estudiantil vuelve a estar en discusión.

 

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