Desde una actividad en Antofagasta, la ministra del Interior Carolina Tohá, se refirió a la Ley de usurpaciones y quizá lo más criticado que se ha hecho del veto presidencial: los grados de violencia.
«El tema de las usurpaciones tiene distintas expresiones en el territorio nacional, eso ha sido parte de la dificultad de este debate. Porque cuando alguien habla, habla desde su punto de vista, pero la ley tiene que estar formulada para todas las situaciones», explicó la Ministra.
Luego continuó señalando que la Ley de usurpaciones se aplica en las usurpaciones de terreno en la macro zona sur, en las tomas VIP, en los campamentos y cuando grupos criminales estafan a personas, vendiéndoles terrenos que no son de ellos: «Todas esas cosas son usurpaciones», aclaró.
«Y la legislación tiene que estar preparada para hacer efectiva y adecuada en cada una de esas situaciones», es por ello que según la secretaria de Estado, «hemos tenido como ejecutivo la insistencia de pedir seriedad en el tratamiento de este tema. Pedir tomar en cuenta las consecuencias que va a tener en distintos tipos de realidad, y pensamos que es totalmente posible tener una buena ley, que funcione adecuadamente en cada una de estas situaciones»
Pero lograr lo anterior, «requiere un cambio en la manera en la que se debate del cielo a la tierra, respecto a lo que ha habido en todo este tiempo».
GRADOS DE VIOLENCIA
Carolina Tohá luego se refirió que los grados y tipos de pena que tengan los usurpadores, dependerá de las características de la usurpación: «Con violencia e intimidación, o sea que hay personas que hay agredidas o amenazadas, las penas más altas; si se generan daños en las cosas, penas de cárcel, pero más bajas que si se hiere a una persona; y si la usurpación se hace sin violencia, va a haber la posibilidad de cárcel o de multa, dependiendo de las características que la usurpación tenga», y «eso lo va a tener que evaluar el juez».
«Porque no es lo mismo una familia que en un estado de necesidad, termina en una toma, a una persona que hace de esto un negocio, o que amenaza, o que destruye los bienes que encuentra en un terreno», y desde el Gobierno «pensamos que el debate tiene que recoger esa realidad».
