Las primeras semanas del Gobierno de José Antonio Kast quedaron marcadas por un aumento de los homicidios vinculados al crimen organizado. Cabe recordar que este era uno de los principales ejes sobre los que el mandatario construyó su promesa de “mano dura”.
De acuerdo a cifras de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía entregados a El País, entre el 11 de marzo y el 6 de abril de este año se registraron 26 homicidios en estos contextos, entre consumados y frustrados, frente a 19 en el mismo período de 2025. Eso representa un alza de 36,8%.
Esto se da en medio de una seguidilla de hechos violentos. Entre ellos, los cuatro homicidios ocurridos en menos de seis horas durante la madrugada del pasado viernes en la región Metropolitana. Sin embargo, pese a ese escenario, el Ejecutivo todavía no ha anunciado un plan de acción que refleje con claridad el tono de urgencia que prometió durante la campaña.
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AUMENTAN HOMICIDIOS VINCULADOS AL CRIMEN ORGANIZADO
En este contexto, la presión política ya comenzó a escalar. La oposición solicitó que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, acuda al Congreso para presentar medidas concretas frente al recrudecimiento de los delitos más violentos.
En esa línea, el diputado independiente Jaime Araya envió un oficio para que la secretaria de Estado participe en una sesión conjunta de las comisiones de Seguridad de la Cámara y del Senado.
Mientras que Carabineros, que contabiliza todos los homicidios y no solo los asociados al crimen organizado, también reportó una tendencia al alza. En la semana del 23 al 29 de marzo se registraron 17 homicidios, un 13,3% más que en igual lapso del año anterior.
En el recuento de los últimos 28 días, entre el 2 y el 29 de marzo, el total llegó a 74 homicidios, lo que implicó un incremento de 42,3% respecto del mismo tramo del año anterior.
El alza de la violencia ocurre, además, en un clima de mayor pesimismo ciudadano y cuando el Gobierno aún no logra retomar el control pleno de su agenda, golpeado también por la controversia en torno a la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y por el costo comunicacional de sus primeros ajustes presupuestarios.
