La Corte de Apelaciones de Santiago dio a conocer la sentencia íntegra que rechazó la solicitud de desafuero del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación vinculada a la Fundación Procultura.
El tribunal determinó que el Ministerio Público no presentó antecedentes suficientes para justificar la formación de causa, requisito clave para avanzar en un proceso penal contra una autoridad con fuero. En ese contexto, la Corte enfatizó que el estándar exigido implica acreditar, al menos, la plausibilidad de los delitos imputados, lo que no se cumplió en este caso.
FALTA DE CLARIDAD EN LA IMPUTACIÓN DE DELITOS
Respecto del delito de fraude al Fisco, uno de los ejes de la investigación, la sentencia sostiene que la Fiscalía no logró precisar de manera concreta cuál habría sido la conducta ilícita atribuible a Orrego.
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El fallo indica que, si bien se describen eventuales irregularidades administrativas en la asignación y ejecución de convenios, no se logra establecer cómo estas configuran un delito penal. Además, subraya que posibles negligencias o infracciones administrativas no son suficientes, por sí solas, para configurar responsabilidad penal.
En la misma línea, la Corte descartó que existan antecedentes que acrediten una supuesta “maquinación fraudulenta” o un acuerdo previo para favorecer a la fundación investigada, elementos esenciales para sustentar la acusación.
OTROS CARGOS TAMBIÉN FUERON DESESTIMADOS
En relación con los delitos de malversación de caudales públicos y usurpación de funciones, el tribunal concluyó que tampoco existen indicios suficientes que permitan sostener dichas imputaciones.
Entre otros aspectos, la Corte consideró que las actuaciones cuestionadas se ajustaban a lo establecido en los convenios suscritos y que no se acreditó el uso indebido de recursos públicos ni la participación directa del gobernador en conductas ilícitas.
UN FALLO QUE FIJA LÍMITES ENTRE LO ADMINISTRATIVO Y LO PENAL
Finalmente, la sentencia recalca la importancia de distinguir entre responsabilidades administrativas y penales. Según el tribunal, no toda irregularidad en la gestión pública constituye delito, y para avanzar en una persecución penal es imprescindible acreditar conductas que cumplan con los elementos típicos establecidos en la ley.
Con este fallo, la Corte de Santiago cierra, al menos en esta etapa, la posibilidad de desaforar al gobernador Claudio Orrego, dejando en evidencia las exigencias probatorias que deben cumplirse para avanzar en este tipo de procesos.
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— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 10, 2026
