Política

Gobierno busca revertir libertad de imputados por caso Lincolao

Cristian Navarro H.

Periodista

estudiantes ministra Lincolao
Foto: Presidencia
Ministerio de Seguridad apeló cautelares, pidió prisión preventiva e invocó la Ley de Seguridad del Estado por agresión a la ministra.

El caso por la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile escaló a una nueva etapa judicial y política. El Ministerio de Seguridad anunció que insistirá en pedir prisión preventiva para los tres estudiantes imputados y amplió la querella para explorar una figura penal más grave: el secuestro.

Los jóvenes Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga fueron formalizados inicialmente por atentado contra la autoridad. Sin embargo, quedaron en libertad con arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal, una decisión que el Ejecutivo busca revertir ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.

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La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmó que el Gobierno apeló la resolución del tribunal y defendió que existen antecedentes para aplicar “un tipo penal especial”. Según la nueva presentación, Lincolao habría permanecido cerca de dos horas dentro del Aula Magna sin poder abandonar el recinto, debido al bloqueo de accesos durante la protesta.

El Ejecutivo sostiene que esa situación habría tenido como objetivo privar de libertad a la secretaria de Estado para presionarla e imponer exigencias vinculadas a su cargo. Por ello, la querella también invoca la Ley de Seguridad del Estado, una herramienta excepcional que elevó el tono del caso.

La ofensiva generó cuestionamientos. El senador Iván Flores advirtió que la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado no correspondería al Ministerio de Seguridad, sino al Ministerio del Interior o a delegados presidenciales. “La ministra Steinert no tiene facultades legales para recurrir a esta norma”, sostuvo.

Así, el caso Lincolao dejó de ser solo una investigación por agresión a una autoridad y se transformó en una controversia sobre los límites de la protesta, la respuesta penal del Estado y las atribuciones del nuevo Ministerio de Seguridad.

 

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