Durante una actividad en Costa Rica, Kast advierte que gobernará por decreto si cae la megarreforma. En la oportunidad defendió la utilización de decretos como herramienta legítima de gobierno y afirmó que “los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen”, señalando que existen materias donde el Ejecutivo puede actuar administrativamente sin necesidad de nuevas leyes.
Las declaraciones se producen en un momento especialmente complejo para el proyecto estrella de La Moneda. Aunque la megarreforma avanzó en la Comisión de Hacienda, el gobierno enfrenta un escenario incierto en la Sala de la Cámara, luego del quiebre con el Partido de la Gente (PDG), cuyos votos eran considerados clave para aprobar la iniciativa.
¿Saltarse al Congreso?
Ya lo había adelantado el ministro Quiroz, más temprano al señalar que se usaría la vía decretos si se caía la megarreforma miscelánea.
La señal enviada por Kast fue interpretada en el Congreso como algo más que una defensa técnica de las facultades presidenciales. En sectores de oposición y también entre parlamentarios de centroderecha comenzó a instalarse preocupación por el tono del mensaje, especialmente porque coincide con una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo en torno a la tramitación de la reforma.
La llamada “Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social” concentra más de 40 medidas tributarias, regulatorias y económicas, incluyendo rebajas de impuestos corporativos, incentivos a la inversión y cambios administrativos orientados a acelerar permisos ambientales y procesos regulatorios.
La tentación del totalitarismo
El problema para La Moneda es que parte importante de esas modificaciones requiere necesariamente aprobación legislativa. Sin embargo, la referencia de Kast a decretos y reglamentos instaló la idea de que el Ejecutivo podría intentar avanzar de manera fragmentada en aspectos de la reforma utilizando herramientas administrativas, reglamentarias o interpretaciones amplias de atribuciones presidenciales.
El propio Mandatario ejemplificó esa posibilidad mencionando temas ambientales y cobros asociados al CAE, insistiendo en que existen mecanismos administrativos válidos para implementar políticas públicas incluso cuando no existe consenso legislativo.
Megarreforma en la UTI
El debate ocurre además en medio de una creciente presión sobre la megarreforma. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió esta semana sobre “diversos riesgos” para las finanzas públicas asociados al proyecto y cuestionó las proyecciones de crecimiento utilizadas por el Ejecutivo para justificar su impacto fiscal.
A eso se suma el deterioro político de las negociaciones parlamentarias. El PDG rompió públicamente el acuerdo que mantenía con el gobierno, acusando incumplimientos y criticando que el proyecto no incorpora medidas concretas para la clase media, dejando al oficialismo sin los votos suficientes para asegurar la aprobación en general de la iniciativa.
No solo la oposición
La controversia también comenzó a generar ruido dentro del propio sector oficialista. Evelyn Matthei cuestionó el tono confrontacional del Ejecutivo y advirtió sobre los riesgos de profundizar la polarización política en torno a la agenda económica del gobierno.
Aunque desde La Moneda insisten en que el uso de decretos se encuentra plenamente dentro de las facultades constitucionales del Presidente, las declaraciones de Kast terminaron abriendo un flanco político delicado: la percepción de que el gobierno podría intentar sortear parcialmente al Congreso si no logra construir mayorías suficientes para aprobar su principal proyecto legislativo.
¿Kast ratifica autoritarismo?
En un escenario de alta fragmentación política y crecientes tensiones institucionales, la discusión dejó de centrarse únicamente en la viabilidad económica de la megarreforma y comenzó a trasladarse hacia otra pregunta más profunda: hasta dónde puede llegar un gobierno cuando su agenda comienza a chocar con el Parlamento.
El paso a un gobierno autoritario es fina si se salta el congreso para legislar vía decreto. No habría control a decisiones ideológicas o erradas. Una dictadura gobierna por decretos, una democracia con colegisladores y separación de poderes.
